El humanista destructor

30/09/2020
09:33
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El presidente López Obrador quiere obtener dinero de 105 fondos y fideicomisos para usarlos de manera discrecional en lo que llama sus prioridades de gobierno. Para hacerlo afectará a estudiantes, científicos, universidades, y descarrilará trabajo de investigación ambiental, energética, educativa, hidrológica y de otros rubros, pero además, según quienes se oponen a su iniciativa, al hacerlo violará la Constitución.

En la lógica presidencial, el dinero que está en esos fondos no sirve para nada y es mejor que él lo use para un fin humanitario. En esta ocasión ha dicho que los quiere para el sector salud y para enfrentar la pandemia, que lleva ya 7 meses pegándole al país. Son más de 150 mil millones de pesos los que están en juego.

La mayoría morenista en la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen que deberá ser sometido a votación del pleno en San Lázaro.

Es el segundo intento por obtener ese dinero. Meses atrás se planteó una iniciativa y fue tal la inconformidad que se pospuso y se prometieron sesiones de parlamento abierto para analizar los pros y contras. Desde la conferencia mañanera, el presidente reprochó a los coordinadores de Morena en el Congreso, el diputado Mario Delgado y el senador Ricardo Monreal, no haber incluido el tema en un periodo extraordinario.

Ahora vuelve a la carga. Morena tiene la mayoría y a la oposición no le alcanzan los números. Se sabe que no a todos los morenistas les convence esta decisión pero tendrían que hacer explícita su oposición a la voluntad del presidente, en un momento en que la contienda interna por la dirigencia del partido está que arde. ¿Quién se atreverá a desafiar a López Obrador?

Si algo ha dejado claro en sus poco menos de dos años de gobierno es que si no tolera obstáculos externos a la voluntad presidencial, mucho menos de los suyos.

Con pandemia y crisis económica, no quiso quitarle un peso a sus grandes proyectos de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, y no alteró sus planes de seguir inyectando dinero bueno al malo: miles de millones de pesos al hoyo negro de Pemex.

Vimos las carencias en la protección al personal médico que enfrenta la crisis por la epidemia de Covid, vimos la negativa a destinar apoyos fiscales y apoyos directos a los empresarios medianos y pequeños a los que se les desplomó el negocio. Vimos también cómo la falta de medicamentos para el cáncer y sus dolorosas consecuencias no sirvieron para mover ni un ápice la decisión presidencial.

Vimos cómo se sostuvo contra viento y marea el tema de la rifa que no rifa un avión y se tienen dos mil millones de pesos ociosos, que según el discurso eran para el sector salud, para enfrentar la pandemia, porque había que mantener el capricho del presidente.

La solución, ahora, va con el sello de la casa: destruir lo que ya existe. Y la fórmula favorita es hacer acusaciones genéricas de corrupción, sin averiguaciones ni procesos concretos, descalificar en el discurso, estigmatizar a quienes se benefician de esos recursos y convertir el tema en una batalla entre el gobierno bueno y los conservadores corruptos que defienden privilegios.

Además de lo mucho que puede cuestionarse a la decisión en sí misma, hay un problema concreto: muchos de esos fondos tienen dinero privado, de fundaciones nacionales e internacionales y disponer de él, aunque sea por votación en el Congreso, podría ser inconstitucional.

Al final, es previsible que cuando se apruebe en el pleno vengan controversias constitucionales y solicitudes de amparo. En lo que se resuelven, los recursos tendrán que congelarse y no se podrán usar ni para lo que estaban constituidos ni para lo que quiere ahora el gobierno.

Un esquema que ya se está volviendo patrón en este sexenio: estigmatizar, proceder, ignorar obstáculos legales, destruir, litigar, imponer la voluntad y al final no resolver lo que se supone se resolvería.

Parecería que lo importante es preservar el mensaje que se envió desde las decisiones previas al inicio del gobierno: que a todos les quede claro quién manda aquí.
Aunque no sirva para nada.

Carlos Loret de Mola nació en Mérida, Yucatán, México, en 1976. Tiene una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

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