El primer videoescándalo político que recuerdo de forma clara es el de René Bejarano, cuando, siendo coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fue grabado mientras recibía una gran cantidad de dinero del empresario argentino Carlos Ahumada.
Aunque la acusación contra Bejarano finalmente no procedió, su perfil público quedó bastante deteriorado y aún ahora, su nombre siempre va unido al apelativo de El señor de las ligas y remite inevitablemente a esas imágenes en donde se le ve guardando, en un maletín, sendos fajos de dinero.
El video en ese entonces (hablamos de hace casi 15 años) provino de las cámaras de vigilancia que el propio Ahumada había colocado en su oficina, con el objetivo de “ventanear” al funcionario en plena acción.
En los tiempos que corren ahora, los políticos tienen que lidiar con los teléfonos celulares. Estos aparatitos aparentemente inofensivos que todo mundo posee, pueden representar un verdadero peligro para estos personajes.
Ahí tenemos el caso de la transmisión por Periscope de la inefable Xóchitl Gálvez, quien, en menos de lo que escribo esto, utilizó su celular para exhibir a los invitados a la fiesta de cumpleaños del panista Diego Fernández de Cevallos, entre los que se contaba el expresidente Carlos Salinas de Gortari, el expresidente Felipe Calderón, Carlos Slim, José Antonio Meade, José Calzada Rovirosa, y el cardenal Norberto Rivera, entre otros personajes importantes de la política mexicana.
Gálvez afirmó más tarde que su transmisión “era desmadre” y hay quienes apuntan que fue el propio Jefe Diego quien le requirió hacer este video como una forma de mostrar su influencia en el ámbito político. Tal vez nunca lo sabremos.
De un ambiente menos festivo son los recientes videos en los que aparentemente se muestra al exsecretario del Trabajo del estado de Querétaro, José Luis Aguilera Rico, incurrir en presuntos actos de corrupción.
Su interlocutora no necesitó más que un celular para exhibirlo en, por lo pronto, dos conversaciones diferentes que —mientras son peras o son manzanas— ya le costaron la separación de su cargo a este funcionario queretano y representó un descalabro (el tiempo dirá si grave) para el actual gobierno estatal.
La legalidad de grabar una conversación propia con otras personas involucradas y luego hacerla de conocimiento público presenta diferentes matices, que, estoy segura, deben ser abordados por los expertos en Derecho; sobre todo cuando están involucrados funcionarios de la esfera pública.
Sin embargo, me queda claro que en este caso vemos un round más de la batalla entre la transparencia contra la privacidad. ¿Tienen derecho a la privacidad los personajes políticos? ¿Pueden argumentar que se trataba de una conversación privada y que este tipo de grabaciones vulnera el derecho a la intimidad?
¿Será necesario, a fin de acabar con la corrupción que está matando al sistema político mexicano, sacrificar la privacidad de los servidores públicos en aras de un conocimiento y transparencia absolutos? ¿Será posible a través de este tipo de artimañas corregir la actuación de los funcionarios o por el contrario, éstos buscarán alguna forma de eludir al Gran Hermano que los vigila en forma de teléfonos inteligentes? #PolíticosEnLaMira
Licenciada en Periodismo y Comunicación UAQ
