En un giro inesperado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un comunicado conjunto con la Fiscalía General de la República, anunció ayer el retiro de las acusaciones en contra del general Salvador Cienfuegos para que sea investigado y, en su caso, procesado en México.
Todavía no sabemos mucho sobre las razones de esta inesperada determinación de las autoridades estadounidenses. Por ahora, todo es especulación. Van, sin embargo, algunos comentarios a bote pronto:
1. Resulta inusual que fiscales federales estadounidenses retiren cargos en contra de un acusado después de obtener una acusación formal. De acuerdo a un anuario estadístico producido por el Departamento de Justicia, los cargos fueron retirados en 2019 solo en el 5% de los casos federales. Eso puede suceder por varias razones: aparece evidencia nueva que exculpa al acusado, algún testigo clave se niega a cooperar, se violentaron los derechos del inculpado al momento de la detención, el delito es menor y hay otras prioridades, se llega a un arreglo con el acusado para obtener su cooperación en otros casos, etc.
2. Ninguna de esas causas habituales parece estar detrás de la decisión del Departamento de Justicia. El caso ciertamente no es menor. Hasta donde se sabe, no ha surgido nada nuevo que desmonte la acusación y es difícil pensar que los probables testigos de este caso (el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, por ejemplo) se hayan retractado de sus acusaciones. No hay tampoco nada que indique que ha habido una violación flagrante a los derechos del general. Y si hubiese un arreglo entre la fiscalía y Cienfuegos, no lo enviarían a México. Esto no se explica más que como parte de una negociación política entre los dos gobiernos.
3. En este asunto, la FGR fue el vehículo para el arreglo, pero difícilmente fue el actor central en la negociación. Es notorio que fue el canciller Marcelo Ebrard, no el fiscal Alejandro Gertz, quien dio la cara a los medios ayer por la tarde. Con toda probabilidad, esto fue una operación desde la Cancillería, con el pleno aval de Presidencia.
4. Esto abre dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué quería el gobierno de México de vuelta al general Cienfuegos? No lo sabemos, pero es muy posible que las presiones desde de las Fuerzas Armadas hayan jugado un papel determinante. El alto mando del Ejército vivió la detención del extitular de la Sedena como un agravio a la institución y muy probablemente haya manifestado su descontento a las autoridades civiles, empezando por el Presidente de la República. Dada la apuesta que ha hecho la actual administración por las Fuerzas Armadas, es muy posible que en Palacio Nacional haya tomado la decisión de hacer todo lo posible para evitar que Cienfuegos fuera juzgado en Estados Unidos.
5. La segunda pregunta es tal vez más importante: ¿cuáles son los términos del arreglo? ¿Qué cedió el gobierno de México para traer de vuelta al general? De nuevo, no lo sabemos. Una promesa de un eventual (e improbable) proceso a Cienfuegos en México no puede ser suficiente. La inexplicable postura de la Presidencia y la Cancillería frente a la elección estadounidense, en específico la negativa a reconocer el triunfo de Joe Biden, puede ser parte de la explicación, pero difícilmente puede ser todo. Una posibilidad puede ser que se haya acordado dejar a la DEA y otras agencias en su condición presente, actuando sin restricciones en territorio mexicano y con derecho de picaporte en las dependencias de seguridad mexicanas. Y puede haber otras partes del rompecabezas que no son visibles en este momento.
En conclusión, esta historia amerita todavía muchas explicaciones. Aquí y allá.
