La decisión que tomó ayer el Departamento de Justicia, de ordenar el retiro y desistimiento de los cargos para devolver a México al general Salvador Cienfuegos, significa un reconocimiento doble del gobierno de Estados Unidos: por un lado parece reconocer que su agencia antidrogas, la DEA, se equivocó y cometió un error al investigar, acusar y detener a un exsecretario de la Defensa mexicano sin haber dado aviso al gobierno mexicano y aparentemente sin pruebas contundentes; y por otro lado, reconoce que con esa acción no sólo se lastimó al país y a sus Fuerzas Armadas, sino que se abrió un frente peligroso no sólo para la seguridad nacional de los mexicanos, sino para mantener la cooperación bilateral en los temas de seguridad y narcotráfico.
Porque al final esa fue la esencia del alegato diplomático que el gobierno mexicano presentó ante las autoridades estadounidenses para expresar la molestia por la falta de cortesía y consideración en la detención de Cienfuegos, ejecutada en sigilo por la DEA, y exigir que se le entregara una copia del expediente con las pruebas y testimonios con los que la agencia antidrogas incriminó y acusó al militar y pidió su detención al Departamento de Justicia. México argumentó dos cosas en la plática que sostuvieron el fiscal estadunidense William Barr y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, el pasado 26 de octubre, según refirió ayer el funcionario mexicano: primero, que para nuestro país la forma en que se detuvo y acusó a un exjefe del Ejército se convirtió en un problema de seguridad nacional, por la gran molestia y desazón que provocó entre las cúpulas militares de las Fuerzas Armadas este hecho; y segundo, que si no se mandaban las pruebas que sostenían el caso, los acuerdos para intercambiar información y combatir conjuntamente al narcotráfico entre los dos países, estaban en peligro.
A eso se refería ayer el canciller mexicano cuando decía que el regreso de Cienfuegos y su entrega para que sea procesado en México: “No es un acto de impunidad, sino una muestra de respeto al gobierno de México y a las Fuerzas Armadas”. A que México no sólo planteó los riesgos que representaba para la seguridad nacional la molestia e inconformidad que esto causó al interior de sus instituciones castrenses, el Ejército y la Marina, sino también el amago de que las Fuerzas Armadas mexicanas no colaborarían más con la lucha antinarco, que es prioridad para el gobierno de Estados Unidos.
Las pruebas enviadas desde Washington en maleta diplomática, según afirmó Ebrard, llegaron el pasado 11 de noviembre y lo que contenía el expediente armado por la DEA y presentado por los fiscales estadunidenses ante la Corte Federal del Este de Nueva York debió ser tan endeble o falto de contundencia, que el fiscal Barr decidió dar la orden de regresar al general Cienfuegos para que su caso fuera juzgado por las autoridades mexicanas, previa petición de desistimiento de las acusaciones a una juez estadunidense, tal y como lo anunció ayer en la cuenta oficial de Twitter. “Sí fue un acuerdo. Pasaron la totalidad de la evidencia del caso con la idea de que lo investiguemos acá. El tema de nuestro lado fue la seguridad nacional y de EU yo diría que fue mantener la cooperación, pero también hay un voto de confianza de que acá se avance en una investigación seria”, comentó ayer una fuente de la Cancillería mexicana a esta columna.
El general podría llegar hoy mismo a México, después de la audiencia en la que la juez desestime las acusaciones en su contra en una audiencia prevista para las 10 de la mañana de este miércoles en Nueva York. Veremos si la Fiscalía General de la República le da al exsecretario de la Defensa un trato especial, similar al que le dieron a Emilio Lozoya, y cuáles son los delitos por los que se va a investigar a Cienfuegos en México, luego de que el propio presidente López Obrador dijera en más de una ocasión en el último mes, que el militar “aquí no tiene ninguna investigación”. Hoy se sabe que se la abrieron el mismo día que lo detuvieron en Estados Unidos, y lo que falta por saber es si también aquí lo acusarán de narcotráfico sólo a partir de las evidencias enviadas por Washington.
Por lo pronto, no se puede negar que, así como la detención del extitular de la Defensa fue un golpe y un sorpresivo mensaje para el gobierno de López Obrador, hoy su inusual regreso representa también un triunfo diplomático para esta administración. El mérito, sin duda, se lo lleva el canciller Marcelo Ebrard, que fue el artífice de la estrategia diplomática que le pidió instrumentar el presidente, luego de recibir fuertes presiones por el malestar que ocasionó en las cúpulas castrenses esta detención, por parte de generales activos y en retiro que cuestionaron y criticaron la posición inicial vacilante que asumió el jefe del Ejecutivo y la nula presunción de inocencia para un exjefe de las Fuerzas Armadas.
Ayer, en la conferencia de prensa que dio por la tarde, para explicar los términos del acuerdo, Ebrard tuvo la cortesía de darle reconocimiento a la Fiscalía General de la República, por ser formalmente la que recibirá al general que será enviado por la Fiscalía estadunidense. Pero en realidad toda la negociación, los alegatos y el acuerdo para este hecho poco usual, se armó desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y desde ahí se operó lo que ayer anunció finalmente el Departamento de Justicia.
Al final, en medio del triunfo diplomático de México y más allá de las interpretaciones de “confianza y respeto” que le darán en el gobierno de la 4T a este gesto inusual de Washington, también hay otra consideración que difícilmente reconocerán en la administración de López Obrador: que la ofensiva diplomática para que se revisara el caso de Cienfuegos en Estados Unidos fue tan fuerte, además de las presiones militares que recibió el presidente, por una simple razón: si permitían que acusaran y enjuiciaran de esa manera a un exsecretario de la Defensa Nacional, mañana, en un no tan lejano 2025, los acusados y detenidos por la justicia estadunidense podría ser cualquiera de los altos funcionarios del actual gobierno lopezobradorista. Sólo habrá que decir una frase: “Remember Culiacán”.
NOTAS INDISCRETAS…
El sorpresivo retiro de Carlos Cabal Peniche de Interjet y de su alianza con el grupo de la familia Alemán dejó prácticamente en agonía a la aerolínea que difícilmente sobrevivirá a su profunda crisis. El hecho confirma la forma de actuar del empresario tabasqueño que, en su regreso a México, de la mano de la 4T, ha pretendido enterrar su actuación ilegal en el pasado, cuando defraudó a los ahorradores del Banco Cremi-Unión con autopréstamos y movimientos financieros ilegales que después serían rescatados por el Fobaproa con un costo de hasta 50 mil millones de pesos que les costaron a los mexicanos. El empresario que hoy reaparece como una especie de “Rey Midas” de la 4T y que busca comprarlo todo con su dinero, tiene un largo historial y fue acusado en 1994 por la desaparecida PGR de haber utilizado recursos de los bancos que adquirió durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando era considerado “el empresario modelo”, para financiar las campañas priistas de Ernesto Zedillo a la Presidencia en aquel año y de Roberto Madrazo a la gubernatura de Tabasco. Según la denuncia de la PGR, Cabal le inyectó 50 millones de pesos a esas dos campañas, además de haber otorgado préstamos de Banca Cremi al PRI hasta por 80 millones de pesos y de transferir fondos del mismo banco a ese partido a través de dinero triangulado por el Laredo National Bank y enviado después a las arcas priistas a través de fideicomisos. Todas esas acusaciones llevaron a las autoridades a perseguir a Cabal Peniche que huyó del país con rumbo a Australia en 1994, con una fortuna calculada entonces en 2 mil millones de dólares. Cuatro años de persecución culminaría con su captura en 1998 y con un juicio en el que, sospechosamente ganó todas las instancias y terminó obteniendo la liberación para él y para todos los acusados. Se habló entonces de “sobornos millonarios” que llegaron a todas las instancias del Poder Judicial Federal, desde los juzgados, Tribunales de Circuito hasta la Suprema Corte de Justicia de aquellos años que terminó ordenando su liberación. 20 años después y después de haber realizado millonarios negocios en el continente africano, Carlos Cabal Peniche regresó a las grandes ligas del empresariado mexicano justo en el gobierno de su paisano tabasqueño, el presidente López Obrador, el mismo que ha negado cualquier vínculo o apoyo con el polémico empresario e incluso, en su conferencia mañanera del 4 de diciembre de 2019, recordaba cómo en 1994, cuando hizo campaña para gobernador de Tabasco frente a Roberto Madrazo, los recursos millonarios que tenía el priista –70 millones de pesos reconoció Cabal haberle dado a Madrazo– contrastaban con su austera campaña: “En su momento hicimos la denuncia en 1994. Mi contrincante tenía todo el dinero, yo andaba en una camioneta con un aparato de sonido pueblo por pueblo y en aquel entonces estaba permitido gastar 3 millones y mi adversario (Roberto Madrazo) gastó 70 millones, se pasó poquito”. Pero por más que dicen que el presidente no quiere a Cabal, al parecer muchos funcionarios de la 4T sí lo quieren porque pudo estar a cargo de la dispersión de recursos de los Programas Sociales del actual gobierno, mediante las sucursales y el proyecto de 32 mil cajeros con el Banco del Bienestar. A la sombra de su esposa, quien además sirve de prestanombres por estar “boletinado”, pues Cabal Peniche no cuenta, dicen con tarjetas de crédito a su nombre. Así, después de entrar a la 4T volvió a ser “el Rey Midas” y apareció inyectando 150 millones de dólares a la quebrada Interjet junto con su socio Alejandro del Valle, al que después abandonó en esa aventura, además de participar en la compra del Sistema Radiopólis al Grupo Televisa. En esa compra, la de Radiópolis, la familia Alemán informó haber recibido recursos de “un grupo de amigas de la familia” y resulta que esas “amigas” eran Teresa Pasini, esposa de Cabal Peniche; Samantha del Valle, hija de Alejandro del Valle, y Rosa María Rubio, esposa de Carlos Aguirre, del Grupo Radio Centro. Así que, como dice el tango de Gardel, “20 años no es nada” y Cabal Peniche hoy vuelve a querer comprarlo todo en México con los mismos estilos y las mismas prácticas financieras, políticas y empresariales, que lo llevaron a ser acusado de defraudación, a ser un prófugo y un procesado por la justicia… El empresario Luis Walton, exalcalde de Acapulco, se apuntó ayer para ser candidato de Morena al gobierno de Guerrero, donde buscará competir por la nominación con Félix Salgado Macedonio y Pablo Amílcar Sandoval. Por cierto que en Guerrero veremos a otro ídolo del futbol posiblemente como candidato a gobernador: Jorge Campos, “El Brody”, ha sido invitado por el nuevo partido Fuerza Social por México, del sindicalista Pedro Haces, para que se lance y no precisamente por un balón, sino por la gubernatura de su natal Guerrero. Campos ha dicho que lo está pensando y que la idea no le desagrada. Así que en una de esas tendremos a dos seleccionados nacionales en la política: Cuauhtémoc Blanco, en Morelos, y Jorge Campos, en Guerrero. La especialidad de Blanco como gobernador ha sido meterles goles a los morelenses; veremos si el “Brody” al menos evita esos goles a los guerrerenses… Los dados mandan Serpiente. Caída libre.
