En un artículo publicado la semana pasada por Violeta Vázquez Rojas, la lingüista y especialista en análisis del discurso señalaba que la manera en que los medios describen a los actores involucrados en una noticia determina el juicio que la opinión pública tendrá sobre ellos. Ciertamente, la amplia difusión de la nota sobre las órdenes de aprehensión promovidas por la Fiscalía General de la República (FGR), por supuesta delincuencia organizada y malversación de fondos públicos destacaba la palabra “científicos”. Los medios utilizaron este término en lugar de referirse a los “funcionarios” con cargos en el Conacyt, integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT).

Lo sobresaliente del discurso mediático fue el señalamiento de la persecución en contra de científicos y académicos por parte del actual gobierno. Mientras que la FGR delineó un discurso exagerado en el que acusó a los miembros del FCCT de conformar una organización dirigida a “delinquir”.

La narrativa enunciada tanto por medios como por la FGR focalizó el discurso en dos registros opuestos. Defender a los científicos como “gente a toda costa proba e impoluta” frente a un gobierno anticientífico e antiintelectual. Al mismo tiempo que se deslizaba la idea de que los académicos son, en su totalidad, élites corruptas que viven del erario público sin devolver nada a la sociedad.

Bajo este escenario, el discurso creado invisibiliza el hecho de que las personas contra las que está dirigida la orden de aprehensión son presuntamente responsables de actos ilícitos mientras realizaban labores de gestión administrativa de recursos públicos en el FCCT y no por su actividad profesional.  Con lo anterior, se engaña a la población haciéndola suponer que todo el sector científico desarrolla este tipo de actos ilegales y se protege a quienes supuestamente llevaron a cabo la malversación de fondos públicos destinados al desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Narrar una noticia ocultando la información precisa, al mismo tiempo que se tejen discursos que operan para confundir a las personas, la mayoría de las veces deriva en la polarización de puntos de vista, confronta a la población e impide identificar la problemática real.

Son momentos difíciles en el terreno de la lucha política en México. Pero, esto no es grave. Forma parte del ejercicio que se da al interior de toda democracia en proceso. En otra circunstancia me referí al “derecho a narrar”, entendido como una acción comunicativa que interpela a la ciudadanía, la relaciona y la une. Sin embargo, cuando esta práctica se convierte en monopolio de los medios y de las instituciones gubernamentales, deja de ser un derecho para convertirse en privilegio de unos cuantos.

Hoy, más que nunca, es necesario que la ciudadanía recupere su derecho a narrar. La narrativa constituye un valor cívico a defender. Desatender e ignorar este acto podría desembocar en voces intimidantes creadas mediáticamente. No permitamos que los medios de comunicación, ni nadie, nos robe y manipule la palabra.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale

Google News