El pasado 10 de diciembre celebramos el Día de los Derechos Humanos. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual abrió camino al reconocimiento de libertades y derechos fundamentales para cualquier ser humano.

A 70 años de la adopción de este tratado internacional, México enfrenta importantes retos. Algunas cifras que reflejan esta realidad son: en el primer semestre de 2018 hubo más de 300 feminicidios (Fevimtra); de 2015 a la fecha los tribunales locales han emitido 8,061 sentencias por delitos cometidos en contra de mujeres (Fevimtra); del año 2000 a la fecha han sido asesinados más de 120 periodistas (PGR); se han iniciado 4,328 carpetas de investigación por tortura (PGR); se investigan 11,556 casos de personas por desaparición forzada (CEAV); en los últimos 5 años se han levantado 470 indagatorias por delitos en materia de trata de personas (CEAV). Estos son sólo algunos de los temas que necesitan atención prioritaria del Estado.

Sin embargo, debemos reconocer que México está bien diagnosticado. Desde 2013, se han recibido 28 visitas oficiales de mecanismos y procedimientos especiales de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, las cuales han concentrado poco más de 2,600 recomendaciones. Lo que procede es que los tres Poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos las ejecuten.

Entonces, la pregunta correcta sería: ¿qué necesitamos para mejorar el ejercicio de los derechos humanos?

La respuesta es sencilla, pero abarca muchas situaciones: “acceso a la justicia”. El reclamo social es encontrar una respuesta efectiva y expedita por parte de las autoridades nacionales, así como de los organismos internacionales, jurisdiccionales y cuasi-jurisdiccionales cuando se haya vulnerado algún derecho.

En el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, una de las máximas aspiraciones de la justicia, es evitar que los hechos que dieron lugar a una violación de derechos humanos vuelvan a cometerse. Por ello, se deben generar resoluciones transformadoras por medio de reparaciones integrales.

Si México quiere hablar del imperio de un Estado de Derecho, debe garantizar que los derechos humanos se ejerzan en plenitud, así como que existan las instancias ante las cuales puedan ser exigidos.