El embate oficial contra la autonomía y la disidencia

José Antonio Crespo

Durante el proceso electoral de 2018, me reunía quincenalmente con un grupo de activistas cívicos de muchos años, destacados todos ellos en lo suyo, para reflexionar sobre las elecciones en curso. Ellos son defensores de derechos humanos, feminismo, víctimas de la violencia, protección a periodistas, transparencia y autonomía electoral, entre otras causas.  Todos ellos, menos yo, iban a votar por López Obrador. Al preguntarme por qué yo no lo haría, les respondía que Amlo probablemente atacaría y descalificaría de una u otra forma a las instituciones y las causas que ellos impulsaban.  Y eso, en virtud de que ve la realidad en blanco y negro; todo lo que aparezca como autónomo, imparcial, neutral o independiente, justo por eso, es ubicado como parte de sus adversarios, opositores, enemigos (de él y de la Patria). Amlo no aceptaría nada que estuviera fuera de su control directo.  

A la mayoría de estos activistas ese pronóstico les pareció exagerado. El hecho es que a Amlo en efecto le molesta la autonomía, independencia o contrapesos de todo tipo. A estas alturas ya no debería quedar duda. Paradójicamente, esas organizaciones cívicas fueron en su momento también descalificadas por el PRIy el PAN, pues sus agendas les parecían sospechosamente progresistas y hasta radicales. De ahí que muchos de esas organizaciones de la sociedad civil vieran en Amlo un aliado, quien lejos de obstruir su labor, la apoyaría. Pero la reacción del presidente hacia ellas rebasa con mucho la hostilidad que mostraron el PRI o el PAN en su momento.  

También, cada que uno de los institutos autónomos emite un fallo  u opinión desfavorable al gobierno o a su partido, Amlo la acusa de inmediato de formar parte de la gran conjura permanente en contra suya. Acto seguido, promueve la remoción de quienes las encabezan (para poner a un leal), cuando no la desaparición de toda la institución. Alega parcialidad, despilfarro y corrupción para justificar esa pretensión; ha propuesto que las funciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Auditoría Superior de la Federación—que obviamente se han salido del huacal— pasen a la Secretaría de la Función Pública. De nuevo el esquema antiguo de ser juez y parte. No extrañaría que más adelante solicite regresar las funciones del Banco de México a Hacienda, o la organización de las elecciones a Gobernación. Por ahora se propone la desaparición del INE para sustituirla por una nueva institución que, esa sí, garantice la democracia recién inaugurada en 2018, pues lo que había antes era mera simulación.  

Todo ello era algo previsto como parte esencial de los “populismos y las democracias iliberales”, según los teóricos de esos fenómenos. Dicen por ejemplo Ziblatt y Levitsky: “Capturando a los árbitros, comprando o debilitando opositores y reescribiendo las reglas del juego, los dirigentes electos pueden establecer una ventaja decisiva (y permanente) frente a sus adversarios. Y dado que estas medidas se llevan a cabo de manera paulatina y bajo una aparente legalidad, la deriva hacia el autoritarismo no siempre hace saltar las alarmas. La ciudadanía suele tardarse en darse cuenta de que la democracia está siendo desmantelada, aunque ello suceda a ojos vistas” (Cómo mueren las democracias; 2017).  

Y dice Alberto Fernández sobre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina: “La aplicación de una política maniquea a partir de la cual se definieron amigos y enemigos del poder, convirtió al país en un centro de permanentes disputas siempre irreconciliables […] En estos años, Cristina profundizó su lógica de ejercer la política a partir de la confrontación. […] Es muy difícil administrar la política cuando con cada decisión se enciende una controversia que siempre divida a la sociedad entre buenos y malos” (Nexos, 12/18). ¿A dónde vamos a parar en esta ruta? Eso depende en parte (sólo en parte) del resultado de la elección de este año.  

Profesor afiliado del CIDE.
@JACrespo1 

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