Más allá de la lucha contra la corrupción, la política de austeridad y la filosofía de primero los pobres, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia por el reposicionamiento que ha brindado a las fuerzas armadas, tanto en el aspecto político y social, como en el económico.

El liderazgo y la preponderancia que ha adquirido el Ejército en la presente administración son solo comparables con un Estado militarizado, o bien con los de un gobierno con tendencias dictatoriales cuyo mayor temor es un golpe de Estado y, por lo tanto, tiene entre sus prioridades el consentir a su milicia.

Ejemplo de esto es la reciente exoneración del general Salvador Cienfuegos, evento en el que el presidente de la República comprometió su credibilidad, y más aún la de su Fiscalía General de la República, a cambio de congraciarse con sus Fuerzas Armadas y con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien le pidió personalmente que intercediera por el general.

Pero más revelador es el manejo económico que actualmente tiene el Ejército como el constructor estratégico del país y como administrador de los activos nacionales clave; incluso, como el máximo operador de campañas de posicionamiento de imagen en todo el gobierno de la Cuarta Transformación.

El presupuesto de la Sedena para este 2021, de más de 112 mil millones de pesos, se acerca a 2% del Presupuesto de Egresos de la Federación, y registra un crecimiento de 40% con respecto a los recursos que el ramo castrense recibió durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la propia información de la Defensa Nacional, casi 30% de este nuevo presupuesto está orientado a las nuevas tareas que se le han asignado a los militares, entre las que se encuentra la construcción del muy anticipadamente inaugurado aeropuerto Felipe Ángeles, en la base de Santa Lucía, y la de las sucursales del Banco del Bienestar, las cuales deberán llegar a 2 mil 700 para el siguiente año.

También forma parte del presupuesto adicional de la Sedena las labores de coordinación de la Guardia Nacional, por ser un cuerpo de seguridad semimilitarizado, y más recientemente la labor de reconversión de hospitales en centros de atención a la pandemia de Covid-19, un proceso en el que interviene un presupuesto adicional que se acerca a 2 mil millones de pesos.

En medio de este protagonismo de las Fuerzas Armadas en la escena nacional, la secretaría del ramo se ha colocado también como la que más invierte en publicidad dentro de un gobierno austero que, además, mantiene una pugna con los medios de comunicación, y que en los últimos días se ha distanciado también de lo que antes consideraba las ‘benditas’ redes sociales.

Las plataformas de transparencia reportan en la última semana 87 contratos con agencias de publicidad, operadores de redes sociales y medios de difusión, correspondientes a una inversión de 34 millones de pesos para dar publicidad a la campaña denominada “Febrero, mes del Ejército y de la Fuerza Aérea”.

La firma de estos contratos, ajenos a las tendencias que había mostrado la administración de Andrés Manuel López Obrador, coincide con los tiempos en los que circuló en la opinión pública la información del general Cienfuegos, suceso que, de acuerdo con los especialistas, tuvo efectos negativos en la imagen de una institución que sustenta la viabilidad y continuidad del presente gobierno y que, por lo tanto, deberá fortalecerse a cualquier costo.

El PRI y su lista de ninis

La lista de candidatas y candidatos plurinominales del PRI parece de ninis: ni son representativos, ni son nacionales, ni serán oposición. Esa es la característica general que el partido mostró el jueves pasado con la lista aprobada en su Consejo Político clandestino.

Lo primero que hicieron fue menospreciar y desdeñar la opinión de sectores y organizaciones muy importantes del PRI, como lo son los gobernadores, la CTM, la CROC, la FSTSE, el Movimiento Territorial, la representación de las Fuerzas Armadas y la Unidad Revolucionaria, que siempre tenían representación en estas listas y en el partido.

La dirigencia nacional aseguró que la base del PRI está representada, pero no es así; sólo están los amigos y familiares del Comité Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, sólo integraron a dos de los 32 presidentes estatales del PRI; ningún delegado es candidato, y mucho menos hay un líder seccional. En cambio, inscribieron en su lista a figuras como Eufrosina Cruz Mendoza, quien durante su carrera política siempre participó bajo las siglas del PAN y se identificó con Felipe Calderón; apenas en 2016, Cruz llamó a votar en contra del PRI y de su candidato a gobernador en Oaxaca, Alejandro Murat.

Hace no mucho, en las listas de representación proporcional del PRI se encontraban los cuadros más aventajados, mejor preparados o más técnicos para debatir frente a la oposición de entonces. Ahí estaban José Luis Lamadrid Souza, Enrique Jackson, Rafael Rodríguez Barrera, César Augusto Santiago, Francisco Rojas, Fernando Ortiz Arana, Beatriz Paredes, Felipe Solís Acero y Beatriz Pagés, por mencionar algunos. Hoy están en las listas Paloma Sánchez, Laura Haro, Hiram Hernández, Nélida Díaz Tejeda, Mariano González Jr., Monserrat Arcos, Carlos Miguel Aysa Jr., Fuensanta Guerrero, Sofía Carvajal, Lorena Piñón, Mariana Nazar, Martha Albores, Cynthia López Castro y Marco Mendoza, entre otros.

Estos posibles próximos legisladores no representan nacionalmente nada, ni tampoco discursiva o territorialmente. Llegaron por ser amigos de la dirigencia nacional o por ser familiares de los mismos de siempre, como el caso de Rubén Moreira, su esposa la secretaria general Carolina Viggiano, su hijo Juan Pablo Beltrán Viggiano, el secretario particular de Viggiano, Marco Mendoza, que en los hechos es un ‘Juanito’, pues pedirá licencia para dejar el espacio a Beltrán Viggiano y que así pueda acompañar a su madre en la legislatura.

También inscribieron a Marianito González Jr., hijo del exgobernador de Tlaxcala, Mariano González; Pablo Gamboa, hijo de Emilio Gamboa; Eduardo Murat Hinojosa, hijo del exgobernador de Oaxaca, José Murat, quien también colocó en los primeros lugares a su cuñada María Guadalupe Alcántara; Carlos Miguel Aysa Jr., hijo del gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa; Mariana Nazar Piñeyro, hija de Irma Piñeyro, exsecretaria de Gobierno de Oaxaca; y a Jorge Carlos Ramírez Jr., hijo del senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

A propósito de viejos priistas, en el gobierno de la 4T aseguran que es cuestión de días para que la Fiscalía General de la República proceda contra Emilio Gamboa Patrón, un aliado del exgobernador de Puebla, Mario Marín, actualmente preso por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.