El Ejército, la carreta arcaica en la que López Obrador descarga lo que le pesa

Maite Azuela

El gobierno federal a cargo de López Obrador ha claudicado a su responsabilidad de llevar el liderazgo civil de la administración pública al grado de que el equilibrio entre responsabilidades civiles y militares se ha desconfigurado drásticamente. La legitimidad del grupo castrense, como principio recurrente en los discursos del Presidente, se sostenía sobre la premisa, no suficientemente sustentada, de que el Ejército poseía una trayectoria de honestidad y eficiencia.

Trataron de posicionar la idea de que las fuerzas armadas son intachables y que no respondían a intereses de facciones, asumiendo que en el imaginario colectivo un soldado o marino es disciplinado. Pero la disciplina no alcanza cuando el proselitismo distorsiona la narrativa y mucho menos cuando la falta de congruencia en la administración de recursos, se acompaña de una voluntariosa discrecionalidad para esconder, por medio de un “acuerdo interno”, contratos y resultados de proyectos gubernamentales.

La realidad es que alrededor de las fuerzas armadas hay mucha corrupción y una profunda resistencia a rendir cuentas sobre los recursos de los mexicanos que quedan bajo su responsabilidad administrativa. Si retomamos algunos datos publicados por Zoraida Gallegos para El País, los antecedentes de la Sedena con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ya dejaban mucho qué decir: entre 2013 y 2020 se señala a diversos generales de participar o solapar irregularidades que apuntan a actos de corrupción, emitieron licitaciones a modo que restringen la competencia de los participantes, incurrieron en desaseo contable al pagar facturas duplicadas y alteraron la bases de licitación para favorecer a algún contratista en particular. Gallegos también apunta que entre 2013 y 2019, instancias del Ejército mexicano pagaron 2 mil 371 millones de pesos a 250 compañías que posteriormente fueron declaradas por el SAT como fantasma.

Cuentan con un blindaje de impunidad insólito, ya que no hay una sola sanción contra los titulares que autorizaron las compras con facturas falsas, incluso con pruebas de que los recursos fueron desviados a través de 11 mil 175 comprobantes digitales. ¿López Obrador pretende que este tipo de información quede oculta? De no ser así, es difícil entender por qué emitió un acuerdo presidencial para blindar sus proyectos prioritarios y convertirlos en proyectos de seguridad nacional. El acuerdo de López Obrador contradice la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala que toda la información en el ámbito del gobierno federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, además de que cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.

Quizá no sea demasiado tarde para que López Obrador reflexione si está dispuesto a ensuciar su legado con este cheque en blanco a las fuerzas armadas, y si pagará el precio a cambio únicamente de recibir propaganda abierta del secretario Cresencio Sandoval para llamar a la ciudadanía a sumarse a las filas de la  Cuarta transformación. Se ha quitado una carga de encima, pero ¿ha calculado cuánto pesarán las consecuencias de la entrega incondicional de su gobierno al Ejército? 

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