México tiene un grave problema de inseguridad e impunidad. El respeto a la vida y la dignidad humana se ha perdido y nada parece detener la vorágine delictiva que inunda nuestro país.

Los altos niveles de violencia llevan más de una década ensangrentando a las familias mexicanas. El estado de derecho ha permanecido ausente y los índices de impunidad están por los cielos. No obstante que a nivel legislativo se han aumentado las penas para delitos de alto impacto como: homicidio, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, desaparición forzada, entre otros; la realidad es que ello no ha influido en la sociedad; los casos se siguen presentando y con mayor crueldad.

Las autoridades ejecutivas, de los tres niveles de gobierno, siguen apostando a una política reactiva y no preventiva. Las salidas rápidas, como crear nuevos cuerpos de seguridad, o destinar mayores recursos para su equipamiento, no han dado buenos resultados.

Y es que no sirve de mucho tener una gran infraestructura policiaca, cuando los delincuentes entran a la “puerta giratoria” de la justicia, y mucho menos cuando no se pone énfasis en prevenir el delito o generar un ambiente de paz y tranquilidad.

El problema se sigue viendo parcialmente, pensando que la inseguridad y violencia se erradicará a base de golpes y balazos; cuando existen deficiencias en el sistema de procuración e impartición de justicia, en mecanismos y protocolos de investigación, en la prevención de conductas potencialmente violentas y, por supuesto, en el mercado de corrupción y clientelismo.

Afortunadamente, la sociedad está tomando cartas en el asunto, saliendo a las calles para exigir justicia, alzando la voz frente a la indiferencia y combatiendo la pasividad de las autoridades.

Las manifestaciones que han sucedido a los feminicidios de Ingrid y la pequeña Fátima pusieron en activo a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y removiendo a la burocracia de su comodidad; demostrando que capacidad sí existe, pero lo que muchas veces hace falta es voluntad.

Algo similar sucede en Puebla, donde miles de estudiantes de medicina y varios conductores de uber, salieron a las calles a exigir justicia por el homicidio de 4 de sus compañeros.

En este sentido, me parece que hay un despertar social, pues a diferencia de lo acaecido en años pasados, ahora la ciudadanía exige justicia sobre casos concretos. No estamos hablando de manifestaciones multitudinarias con mensajes genéricos o abstractos, pidiendo paz o justicia, sino reclamos focalizados y específicos, exigiendo resultados concretos y directos.

Ahora será cuestión de esperar a que las autoridades ejecutivas estén a la altura de las circunstancias, pues algo ha quedado claro con estas manifestaciones, la tolerancia de la sociedad está llegando a sus límites y no hay margen más para omisiones o simulaciones; ya que era cuestión de tiempo para que la ciudadanía despertara ante esta emergencia de inseguridad.

Diputada local del PRI @AbiArredondo