En los próximos días habrá de implementarse en nuestra capital, Corregidora y El Marqués, el nuevo procedimiento penal una vez que, bajo los calendarios establecidos por las autoridades, ya no exista mayor margen para la dilación en la aplicación del nuevo modelo. Si bien en 15 municipios ya funciona, por razones inexplicables no sabemos por qué Querétaro, Corregidora y El Marqués debieron de esperar hasta el 31 de marzo de este año. Si bien la aplicación del nuevo modelo en los 15 municipios ha admitido un sinnúmero de aciertos y errores, es difícil que en tan poco tiempo podamos hacer un balance de las bondades y defectos del nuevo procedimiento penal. Y esperamos que en el caso de Querétaro, Corregidora y El Marqués exista una mayor coherencia y eficacia en el acceso de los ciudadanos a la tutela de sus derechos en el ámbito penal. El nuevo modelo que ahora se debe aplicar por supuesto que es complejo y que no depende solamente de los aspectos administrativos y financieros. Implica también hacer coherente este conjunto en el sistema normativo local con el sistema penal acusatorio. La coherencia del sistema dependerá de la coexistencia de los regímenes jurídicos del orden federal y del local, aunque en el ámbito el modelo de derecho criminal abarca ambos niveles.
Considero que el principal desafío de este modelo de justicia penal no reside en el aspecto financiero, ni siquiera en la necesidad de actualizar leyes y reglamentos locales, ni en la falta de voluntad de los titulares de las instituciones, sino en la dimensión de asumir una cultura de la óptica del derecho penal a la luz del Estado democrático de derecho. Esta cultura jurídica, de la que todos estamos escasos, implicará ver con humildad que todos somos nuevos ante este sistema, que los errores serán más que naturales en la aplicación del mismo y que los aciertos que se tengan por parte de los actores jurídicos deberán ser vistos como pequeños eslabones en la cadena generacional que necesitará el nuevo procedimiento para arraigar en el territorio y en la población. Pero los errores no debemos asumirlos como irremediables, sino como parte del proceso de aprendizaje y de la corrección que deberá implementarse.
Esta cultura que se nos exigirá a todos, ciudadanos, abogados, jueces y ministerios públicos, no será fácil de adquirir, dados los vicios centenarios que hipotecan nuestro modelo de derecho. Sin embargo, creo que tenemos que asumir con humildad y valentía un cambio que ya nada puede detener. El modelo nos pertenece a todos, no es sólo de las autoridades.
En especial, considero que este proceso penal —que ni podemos llamar oral, ni encerrarlo en el adjetivo de acusatorio—, siempre estará completo mientras en Querétaro, como en el resto del país, no exista la previsión del juicio por jurados con todas las garantías judiciales. Esto para que la búsqueda de la verdad y de la justicia sean públicas y la adjudicación de derechos no resida ni dependa de una élite judicial o de una mentalidad, prisionera en la mayoría de los casos, del principio de autoridad a toda costa y que no equilibra el principio de libertad, el cual también debía de adquirirse como parte del sistema de justicia.
Otro desafío residirá en los tiempos de aplicación e implementación del sistema. Ya no tenemos tiempo y vamos hasta retrasados en hacer valer los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, los cientos de casos de personas recluidas. Unas con la justificación de tener sentencia firme y otras que aun sin sentencia se hallan a las puertas de la justicia esperando una libertad que no llega, por encontrarse en un verdadero limbo judicial. Es decir, conforme al nuevo modelo se habrá de requerir una política de liberación de reos, que con condena o sin condena, obligará a las autoridades a revisar sus casos y eventualmente a dictar libertad, lo que implicará pensar en una política de readaptación y reinserción en la vida civil. Las sanciones penales no implican per se la pérdida de otros derechos civiles.
Las autoridades tendrán que tomar la decisión de si es admisible dejar el actual rezago penal con el viejo sistema o usar el nuevo modelo para enfrentar ese rezago. Es importante definirlo.
Además de todo lo anterior, la clase política queretana necesitará también asumir que este nuevo modelo requiere de una voluntad política que permee en todas las instituciones a fin de no sembrar obstáculos artificiales o invocar la política de facto de fueros y privilegios para los altos cargos políticos. Tal vez este sea el principal reto, que quienes tienen el poder formal y real decidan dar el paso hacia la transformación del derecho penal. Esperemos que estén a la altura de los tiempos.
Abogado
