Jesús Esparza fue auditor superior de Chihuahua durante el gobierno de César Duarte. En febrero de 2017, cuando aún le quedaba un año en el cargo, renunció en medio de un escándalo por las investigaciones sobre el gobierno de Duarte que ha encabezado y promovido su sucesor, el gobernador Javier Corral.

Lo detuvieron meses más tarde. Lo acusaron de peculado y ejercicio ilegal del servicio público. Ganó un primer caso, pero vino otro, otro y otro más. En lugar de acumular los cargos en un caso, como en otros procesos contra políticos, como el de Rosario Robles, Esparza ha recibido 11 acusaciones distintas, es decir, litigar 11 juicios. “En esto no hay siquiera una economía jurídica, es absurdo”, me dijo su defensa, que encabeza Irving Anchondo.

Ahora, lleva tres años en prisión preventiva, aunque los delitos por los que lo han acusado pueden juzgarse fuera de la cárcel. “La gente quiere ver a funcionarios en la cárcel y así el gobierno dice que está combatiendo la corrupción”, me dijo un familiar del exfuncionario. Pidió omitir su nombre. Asegura que también a ellos los amenazaron con un proceso judicial si hablan con la prensa.

La prisión preventiva, en teoría, no debe durar más de un año. La de Esparza lleva tres. Le han dicho que no tiene un arraigo en su ciudad, pero no se había mudado de la misma casa en 11 años. Ha conseguido 13 resoluciones a su favor por violaciones a derechos humanos. Denunció penalmente que trataron de extorsionarlo, pidiéndole dinero para restarle acusaciones. Su familia dice que lo han presionado a declararse culpable, tomar un juicio abreviado, con la posibilidad de salir antes de su arresto, pero no quiere. Dice que no admitirá algo que no hizo.

En un juicio por corrupción en México, se es culpable desde el principio. Pasa ahora en Chihuahua. Pasó antes en la Operación Limpieza, cuando 25 funcionarios fueron a la cárcel y salieron años más tarde. No pudieron probar su complicidad con el narcotráfico. “Nadie nos ha escuchado. Nos exhibieron como corruptos y se cerraron las puertas”, me dijo la familia de Esparza.

La defensa y la familia apuntan sus reclamos al poder judicial de Chihuahua. Dicen que han aprobado prisiones preventivas, aunque no se justifiquen.

Esparza está en un módulo donde había otros seis funcionarios hasta hace tres semanas. Uno enfermó. Se llamaba Lázaro López. Comenzó a sentirse débil y no respiraba bien. La doctora del penal le dijo que no estaba enfermo, sino nervioso. Murió de Covid-19 en unos días. Esparza también resultó positivo. Lo enviaron a un hospital, luego al módulo de Covid-19 en la cárcel, aunque era asintomático.

Las autoridades sanitarias han recomendado que los pacientes asintomáticos se aíslen; pero no sucedió en este caso. Esparza se infectó de la garganta en el módulo de Covid-19. Con fiebre e infección, debió esperar 12 horas a que lo revisara un médico, dice su defensa.

Después murió un custodio de la cárcel. Varias familias aseguran que hay un brote peligroso allí. Las autoridades han respondido que la situación está bajo control y Esparza tiene condiciones adecuadas de reclusión. Han dicho que los reclamos de la familia son parte de una estrategia de defensa.

Algunos jueces dictaron arraigo domiciliario a varios de los compañeros de Esparza, pero no a él. Su defensa afirma que cada seis meses, en los últimos tres años, le han incluido una nueva acusación cuando está a punto de vencer la prisión preventiva o cuando está próximo a ganar un amparo. “Nunca han querido justicia. Esto se trata de una venganza personal y de una estrategia electoral. Los prefieren muertos que libres”, me dijo su familia.

Revisé para esta columna quejas, reclamos a derechos humanos, testimonios de familiares y abogados. Hallé que el caso de Esparza es uno de muchos en el país que enfrentan hoy una crisis de derechos humanos, agravada por las condiciones sanitarias de las cárceles. Las acusaciones de corrupción judicial y procesal se acumulan, en casos que precisamente buscan investigar y castigar la corrupción.

Si alguien que combate el delito es acusado, perdemos todos. Combatir la corrupción no se trata de llenar cifras en una base de datos, sino de encontrar verdad, y entender procesos, sistemas corruptos. Si se busca verdad, sin caer en lo mismo que se investiga, ganaremos todos.