En los años 70 del siglo pasado, el 85 por ciento de las reservas de gas y petróleo del mundo estaban controladas por trasnacionales, principalmente anglosajonas. Las compañías nacionales sólo controlaban el uno por ciento, y el restante 14 por ciento era controlado por la hoy desaparecida Unión Soviética. Sin embargo, para 2009 la situación se había prácticamente invertido, las trasnacionales controlaban sólo un 8 por ciento y las compañías nacionales habían incrementado su control sobre el 77 por ciento de las reservas.

La situación anterior se dio por las políticas energéticas establecidas por muchos gobiernos, los que tendieron a recuperar el control de sus energéticos. Pasó en Venezuela, en Arabia Saudita, en Irán, en Irak, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, etc.

En sentido totalmente opuesto a la tendencia mundial, los gobiernos panistas y priistas insistieron en poner el control de nuestros energéticos en manos extranjeras. Su esfuerzo culminó con la reforma energética de 2013 y la modificación del artículo 27 constitucional, para permitir el otorgamiento de contratos a privados en el sector energético.

Pero a panistas y priistas se les “olvidó” poner candados a extranjeros. Hoy, siete años después, nos hallamos con un control creciente de empresas trasnacionales extranjeras. No llegaron las grandes inversiones que habían prometido, no llegó la inversión para buscar petróleo en aguas profundas. En el caso de los hidrocarburos, la reforma energética del PRIAN provocó que la balanza comercial petrolera pasara de un superávit de más de 10 mil millones de dólares a un déficit, en 2017, de 18 mil millones de dólares, es decir, una pérdida de 28 mil millones de dólares (más de 500 mil millones de pesos) en gran medida derivada de la creciente importación de petrolíferos, que deberían estarse produciendo en el país. De 2003 a 2018, la importación de gasolinas pasó de 55 mil barriles diarios a 595 mil, diez veces más. Y la importación de diésel pasó de 4 mil barriles diarios en 2003, a 240 mil barriles diarios en 2018, ¡60 veces más!

Es en este contexto que el ejecutivo envió al legislativo una iniciativa para modificar algunos artículos de la ley de hidrocarburos. Esperemos que esta reforma no tengan el mismo fin que ha tenido, hasta ahora, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, es decir que sea detenida por amparos otorgados a particulares por uno o dos jueces.