El pasado martes se aprobó en el Senado de la República la reforma constitucional que ampliará el plazo durante el cual el presidente de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública. Después del fallido intento por aprobar este dictamen el 21 de septiembre, las presiones y el cabildeo del gobierno federal hicieron ceder a senadores de la oposición a cambio de modificaciones ornamentales a la Minuta.

Hay dos aspectos principales que vale la pena recuperar a partir de lo que ocurrió: la primera, relativa a la grave intromisión del Poder Ejecutivo en discusiones que son exclusivas del Poder Legislativo; la segunda, acerca de las consecuencias que tendrá la ampliación temporal sobre la evidente militarización del país. Respecto a lo primero, como legislador federal rechazo tajantemente los métodos utilizados por el gobierno federal en su relación con el Congreso de la Unión.

Es bien sabido que este gobierno ha hecho uso discrecional de la procuración de justicia para perseguir y amenazar a políticos de la oposición, y esta no fue la excepción. Esta circunstancia confirma que ante la carencia de argumentos para convencer a quienes estamos en contra de una posición impulsada desde el gobierno -y más concretamente desde la Presidencia-, se emplea toda la fuerza del Estado para coaccionar a quien no está de acuerdo, y eso sólo ocurre en las dictaduras.

Cada vez que la voluntad del presidente se ejecuta sin que medie discusión ni cuestionamiento, nos acercamos a ser un país sin democracia. Nuestro Estado Constitucional de Derecho está construido sobre un modelo institucional en el que no persista la voluntad de un solo hombre, sino que las decisiones del ámbito público sean resultado de consensos que garanticen la participación de todos los sectores de la sociedad. Sólo en los países autoritarios la toma de una decisión es tan dicotómica y absoluta que unos ganen todo mientras el resto pierda todo.

Esto me lleva a una reflexión necesaria sobre las consecuencias directas de la militarización de nuestro país. La extensión del plazo para la disposición de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es un falso debate: aún expirando ese plazo, quien sea presidente de la República podría seguir disponiendo de ellas, en el marco de la Constitución y de las leyes, siempre y cuando sea de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

La extensión temporal no tiene nada que ver con las tareas de seguridad pública, sino más bien con las más de 227 funciones que este gobierno le ha conferido al Ejército que no tienen nada que ver con la seguridad nacional o la seguridad pública. De manera irresponsable, el Presidente ha expuesto innecesariamente a las Fuerzas Armadas por conferir tareas que no tienen nada que ver con su mística institucional ni con su formación militar.

El Ejército es una institución que respetamos y valoramos mucho todos los mexicanos, precisamente por el lugar institucional que han ocupado históricamente, apartado de las tareas de las instituciones civiles; no permitiremos que el presidente las ponga en riesgo. Por ello, cuando este asunto se discuta nuevamente en la Cámara de Diputados, mi voto será en contra.