Hace unos días la Secretaría Olga Sánchez Cordero conmemoró, en representación del Presidente de la República, los 104 años de la promulgación de la Constitución Mexicana. Discursos fueron y discursos vinieron frente a una audiencia imaginaria que brilló por la ausencia de las y los invitados especiales que cada año asisten a oír, nunca a escuchar.

Entre los discursos de este año, lo que más llamó mi atención fue la invitación del gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, a vacunarnos contra el virus que causa Covid-19, pero sobre todo a vacunarnos contra el odio.

No podría yo estar más de acuerdo con el gobernador. Eliminar las acciones que conducen al odio debería ser prioridad de todas las autoridades. Sin embargo el gobernador y yo discrepamos en una cosa: yo estoy convencida que mucho del odio que vivimos en Querétaro se propaga desde la Casa de la Corregidora. Por ejemplo, su Director de Asuntos Religiosos, pidió mi destierro en un foro público por ejercer mi derecho constitucional a la libertad de conciencia y de expresión.

El discurso de odio promueve la discriminación y la violación de los derechos humanos. El discurso de odio promueve leyes contrarias a los derechos para castigar las exigencias ciudadanas. El discurso de odio omite cumplir con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, no solamente de aquellas que piensan como uno.

El gobernador nos pide vacunarnos contra el odio, de acuerdo. Pero, el gobernador debería explicarnos por qué no le ha pedido lo mismo a los y las diputadas de su partido que se niegan a legislar sobre el matrimonio igualitario. El gobernador debe informarnos del por qué del enorme atraso de la publicación del Protocolo Único de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, el mismo que anunció con bombo y platillo el 6 de Enero de 2019. El gobernador debería justificar por qué, si él tiene la prerrogativa de ingresar iniciativas de ley, no ha hecho lo necesario para proteger los derechos de las comunidades indígenas, de las personas con discapacidad o de quienes claman acceso a la justicia y la reparación integral del daño.

Señor gobernador, yo le propongo que utilice los meses que le quedan al frente de la administración estatal para corregir, aunque sea, algunos de los agravios que su administración ha infligido o ignorado en contra las personas más vulnerables y vulneradas de nuestro estado. El odio al señor se propaga cuando las personas tienen que enfrentarse una y otra vez a una autoridad que se niega a reconocer lo que desde el nacimiento es suyo, sus derechos.

Pedir a otros combatir el odio a unos meses de terminar su mandato me parece un acto de cinismo. Por años el gobernador Domínguez ha tenido en sus manos el poder de proteger los derechos humanos y combatir la discriminación que emana de su administración y de quienes le acompañan en su partido. Señor gobernador, el buen juez por su casa empieza.

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