El día de ayer fue inaugurado el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), una de las obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La construcción fue realizada en un tiempo récord y con un ahorro del presupuesto de 120 mil mdp en relación con el costo del NAIM, incluido el pago de los bonos a empresas involucradas en el proyecto de Texcoco exigidos por la cancelación de la obra. Destaca en la edificación del AIFA el papel de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes tuvieron a su cargo la responsabilidad de edificar un aeropuerto de “clase mundial”, bajo la instrucción del titular del gobierno mexicano.
El papel estratégico de las fuerzas armadas en el actual gobierno obliga a reformular el significado y los alcances de la militarización en México. Ciertamente, la historia del ejército mexicano ha transitado por experiencias alejadas del golpismo que lastra a esta institución en América Latina o España. En nuestro país, la fuerza militar históricamente ha estado situada al lado de las revoluciones contra los dictadores desde tiempos de Porfirio Díaz y la derrota del general Victoriano Huerta.
Sin embargo, la llegada de civiles a la presidencia de la república –Miguel Alemán fue el primer civil en ocupar este cargo– y convertirse en jefes supremos de las fuerzas armadas no garantiza la erradicación de actos de represión dirigidos en contra de la población. En este sentido la experiencia es larga y dolorosa.
La represión de estudiantes en 1968, a cargo de Gustavo Díaz Ordaz; El “Halconazo” en 1971, en el que perdieron la vida 120 estudiantes durante la matanza del Jueves de Corpus, por mandato de Luis Echeverría; la masacre de Aguas Blancas en 1995, planeada por Rubén Figueroa Alcocer, gobernador del estado de Guerrero; la matanza de Acteal en 1997, situada dentro del violento contexto de las políticas de Estado generadas contra el EZLN en el gobierno de Ernesto Zedillo; la guerra contra el narcotráfico desatada en el sexenio de Felipe Calderón, que produjo más de 100 mil muertes y 22 mil desaparecidos; las masacres de migrantes de San Fernando en 2010 y 2011, nunca aclaradas por el gobierno de Tamaulipas; Tlatlaya en 2014, donde 8 militares asesinaron a sangre fría a 22 civiles; la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014, en la que participaron policías municipales, coludidas supuestamente con el cartel Guerreros Unidos, donde el ejército mexicano estuvo involucrado y el gobierno de Peña Nieto impidió el esclarecimiento de la verdad; y, mil etcéteras más.
Efectivamente, durante el gobierno de López Obrador las fuerzas armadas no han sido utilizadas para realizar crímenes de Estado. “Trabajan en misiones apegadas a lo social”, como afirmó recientemente el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional, a propósito del AIFA. Hoy, el ejército contribuye de manera fundamental al desarrollo del país.
No obstante, la preocupación permanece en el aire, ¿qué sucedería con el amplio poder otorgado a la fuerza militar en caso de utilizarse en favor de intereses particulares?
Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale
