Cuando hablamos de políticas “públicas” en educación (PPE) nos referimos a acciones que los gobiernos electos proponen para tratar de resolver problemas tales como la mala calidad educativa, su injusta distribución o la falta de equidad en el sistema educativo. Enfatizamos que es pública para hacer alusión a un espacio de todos. De acuerdo con Enrique Cabrero, lo público está “muy lejos de significar exclusividad estatal”. Refiere mas bien a una “intersección” entre lo gubernamental y lo social en un marco de pluralidad.
Cuando vivíamos bajo el modelo de gobierno de partido único, lo público estaba diluido. El PRI-gobierno definía cuáles eran los problemas sociales, cómo atacarlos y qué resultados se obtenían. Sólo valía la verdad oficial. Con el cambio de régimen en 1997 esto empezó a modificarse. La oposición cuestionaba al gobierno, al igual que la prensa independiente publicaba los errores y contradicciones del señor presidente. Asimismo, el poder legislativo buscaba equilibrar las decisiones del Ejecutivo. La competencia partidista, basada en distintos grupos, partidos e ideologías, delineaba una imagen del gobierno distinta a la oficial.
Gracias a la experiencia, sabíamos que para actuar bien cualquier gobierno tiene que ser vigilado de manera externa e independiente. Bajo esta idea, surgieron en el campo educativo iniciativas como el Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE) en 1999 o el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 2002. El primero buscaba una interlocución abierta con los tomadores de decisiones educativas a partir de la crítica fundada, mientras que el segundo era un órgano técnico abocado a generar información sobre el sistema educativo de manera rigurosa e independiente. El espacio donde se desarrollaba la educación era entonces ocupado por un mayor número de actores no gubernamentales creando así lo “público” de las políticas.
El OCE desapareció voluntariamente en 2009, mientras que el INEE fue cancelado por el actual Gobierno Federal. Una de las “razones” de esta decisión fue que era un órgano “persecutor” del magisterio, cosa que es mentira. ¿No sería que el gobierno encabezado por AMLO no quería compartir el poder que da la información con un ente autónomo? La concentración de poder ha sido una característica del autonombrado gobierno de la Cuarta Transformación. No admite la pluralidad. Aunque variadas voces han señalado con fundamento que es un error desaparecer, por ejemplo, el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, no hay más “verdad” que la oficial. Por otro lado, no en pocos foros, opiniones y debates parlamentarios se ha señalado que el anteproyecto de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación es deficiente porque concentra el poder en el “Conacyt de la 4T”, borrando así la participación de otros actores clave. Parece que pasamos de la gobernanza al gobiernismo. Esto traerá consecuencias.
Es muy probable que lo público de las políticas educativas esté relacionado con su efectividad. Es decir, con su capacidad real para revertir los problemas educativos. El enfoque gobiernista en cambio es errático y da malos resultados. Donde hay concentración de poder, las fallas abundan. ¿No me cree? Revise los indicadores educativos antes que los desaparezcan.
Poscríptum: Agradezco al doctor Óscar Valencia y al estudiantado de la Universidad Pedagógica Veracruzana por invitarme a reflexionar sobre este tema.
Investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS).
