Duro golpe a la autonomía institucional

23/11/2019
06:36
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Como cada fin de año, se discutió el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal.

Las tensiones y el debate en torno a este instrumento son algo lógico y hasta cierto punto aceptable; sin embargo, la postura que ha adoptado el gobierno federal ha tensado más las cosas, generando confrontación, bloqueos y choques de fuerzas.

Prueba de ello, fue la actitud que tomaron varios grupos sociales que se verán afectados por los recortes presupuestales, teniendo que bloquear la cámara federal de diputados para evitar que sesionara y, eventualmente, se aprobara el proyecto de la Secretaría de Hacienda.

No obstante, en la madrugada del viernes los integrantes del partido político mayoritario, junto con sus aliados, aprobaron un presupuesto con recortes drásticos y polémicos.

El jaloneo entre sectores, intereses y posiciones fue álgido, al grado que se tuvo que votar en sede alterna a San Lázaro y en altas horas de la madrugada.

En cuanto al fondo, además de la eliminación de varios programas sociales en favor del sector agropecuario y ganadero, está la reducción a instituciones fundamentales para la vida democrática de nuestro país, como los organismos constitucionales autónomos.

Surgidos a principios de los 90´s, estos organismos deben su existencia a la necesidad de extraer del sector central ciertas funciones que, por su relevancia, trascendencia y especialidad, deben ser ajenas a los intereses políticos, económicos o sociales del gobierno central o los partidos políticos.

La intención de estos organismos es controlar el poder, sobre todo del Ejecutivo, en áreas estratégicas para la vida democrática del país.

Instituciones como el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, el Inegi, y recientemente la Fiscalía General de la República, son algunas de las creadas con base en este modelo estructural.

Dentro de sus características, la que tiene mayor relevancia es su independencia, pues al estar situados en el mismo rango de los demás poderes, no subordinados a ninguna otra instancia, tienen autonomía presupuestal y de decisión.

No obstante, esa independencia se ve disminuida cuando en la designación de sus titulares (como sucedió recientemente con la presidencia de la CNDH) y en la aprobación de su presupuesto, interfieren los intereses del gobernante en turno.

El recorte presupuestal aprobado por la Cámara de diputados y, en específico, por el partido mayoritario, es una afronta directa a la autonomía de estos organismos; pues no hay mejor manera de controlarlos y mantenerlos cautivos que sujetando su presupuesto.

Si bien estamos a favor de la austeridad, ésta debe venir de las mismas instituciones, no así del Ejecutivo, por lo que esos recortes no pueden aplicarse de forma abrupta y tajante, ya que ello reduce gravemente su autonomía y operatividad; lo que eventualmente afectará nuestra democracia y estabilidad institucional, por la que tantos años hemos luchado.

 

 

Diputada local del PRI @AbigailArredondoRamos

 

 

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