Como hemos escuchado en diversas ocasiones, el fin supremo del Estado es el bienestar general y la seguridad integral de la sociedad. Es decir, la democracia social, que es el ideal de modo de vida de la sociedad mexicana, a la que se llega a través del desarrollo nacional. Requiere como uno de sus principales elementos a la Seguridad Nacional, concepto que encierra en su interior a la Seguridad Pública.
Actualmente se interpreta la seguridad como una situación de certidumbre o tranquilidad frente a amenazas potenciales que podrían atentar contra el estado y sus instituciones.
Sin embargo, esta seguridad se ha visto vulnerada por diversos actos de violencia, sucesos que han ocasionado más de mil millones de pesos en daños a negocios en apenas 72 horas en dos movilizaciones. La pregunta que se hacen varios articulistas es: ¿quién está detrás de estos grupos?, pues el vandalismo alcanzó niveles muy agresivos, desde intentos de incendios en librerías, restaurantes y hoteles hasta de las puertas de Palacio Nacional y la Catedral.
Como respuesta, el Ejecutivo Federal señaló “que los vándalos en realidad no son anarquistas, sino “conservadores” embozados”. Lo cierto es, que, independientemente del adjetivo ideológico, las autoridades deben acabar con esas violentas actividades en contra de la sociedad, detenerlos y aplicar la ley sin concesiones.
Ahora, en el marco de la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968, el presidente afirmó que su gobierno trabaja para que la ciudadanía viva en paz y “nunca más un 68”, reiteró que su gobierno no hará uso de la fuerza para la resolución de problemas ni para reprimir.
Lo que vemos es el resultado de negarse a hacer respetar la ley, es una verdadera amenaza a la estabilidad política, que entre otras consecuencias, ha producido la pérdida de confianza de los inversionistas. La displicencia disfrazada de respeto a lo que el gobierno federal llama “derechos”, produce violaciones flagrantes de las leyes para llegar hoy a tal grado, que de no modificar este gobierno su actuación frente al nulo respeto de la legalidad, se puede desencadenar una escalada de violencia de alcances inesperados.
Cuidado, porque despreciar a las instituciones, mandarlas “al diablo”, es un abierto llamado a la violencia. Recordemos cómo se violentó el derecho de tránsito durante semanas por la inconformidad ante la elección de 2006, como fue que trata como aliado a la CNTE, que siempre ha defendido la violencia. Hasta dónde está dispuesto el Ejecutivo federal a modificar leyes y comprimir los cimientos del pacto democrático mexicano, sobre todo, por descartar la violencia como arma política.
Todas y cada una de las decisiones políticas fundamentales del pueblo, plasmadas en la norma constitucional, pueden ser consideradas las instituciones de la democracia. Este es el ideal plasmado en nuestro proyecto de vida nacional, y por lo tanto su cumplimiento y adecuada interpretación no son cuestión potestativa, sino una obligación real de todos los sectores del estado, lo que incluye por supuesto al gobierno y la sociedad.
La defensa de la constitución y la tutela de los derechos subjetivos públicos, la libertad de expresión, el desarrollo político, económico y social, y la Seguridad Nacional que implican la defensa de la soberanía, y la creación de sistemas y estructuras que garanticen la obtención gradual y constante de mejores condiciones de vida para la población, son algunas instituciones de la democracia mexicana consignadas en nuestra Constitución.
Las instituciones del Estado siempre serán más fuertes que los grupos criminales. Pero, para que esto ocurra, se necesita que esas instituciones existan y funcionen. Se necesitan leyes y voluntad política. Las primeras existen, la segunda no.
Ex presidente municipal de Querétaro. @Chucho_RH
