Lo que debió ser una fiesta para la 4T, el pasado 9 de diciembre, con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, se convirtió en objeto de vergüenza e indignación.
Al hacer el recuento de los logros en la materia, se abrieron las cloacas y afloraron más datos de funcionarios de la actual administración envueltos en actos de dudosa honestidad. Ese día se evidenció el cáncer que descompone al gobierno lopezobradorista.
Según el World Justice Project 2021, en el rubro de ausencia de corrupción, México ocupó en 2019 el lugar 117; en 2020, la posición 121, y en 2021 el lugar 135, de 139. El gobierno que por decreto extinguió la corrupción, se derrumbó 18 posiciones y está a 4 lugares de ser el peor país en materia de corrupción.
En el rubro de Restricciones a los Poderes del Gobierno, nuestro país ocupa el lugar 102, de 139. El último lugar lo ocupa Venezuela, la gran Meca del sueño lopezobradorista. En materia de Reconocimiento a los Derechos Humanos, ocupamos el lugar 91. En Orden y Seguridad, el 130. En Justicia Civil, el lugar 131. Y en el Sistema de Justicia Criminal, el 129.
El mismo día, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, informó que México, desde hace 13 años, mantiene su tendencia en el incremento de la corrupción gubernamental. En 2019, los corruptos se agenciaron 12 mil 767 millones de pesos. Esto es, un 64% más que en 2017. Respecto de las denuncias, en 2019 se reportaron más de 105 mil actos de corrupción; pero 9 de cada 10 denuncias fueron determinadas como no procedentes o se encontraban pendientes de atención. Cada víctima de estos actos erogó 3 mil 822 pesos en promedio; mil 372 pesos más que en 2017, lo que significó un incremento del 56%.
Entre los estados en los que más disminuyó la corrupción, de 2017 a 2019, según INEGI, se encuentran Querétaro, Chihuahua y Tabasco.
Y pese a que poco más de 6 mil servidores públicos fueron sancionados, en su mayoría por faltas no graves, la tendencia es creciente.
A los señalamientos de corrupción del actual secretario particular del presidente, Alejandro Esquer Verdugo, y a la actual titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Presidencia de la República, Denis Zaharula Vasto Dobarganes, por actos de corrupción durante la anterior campaña presidencial, se añaden los nombres de los recién nombrados titulares del ISSSTE y Birmex, Pedro Zenteno y el general Jens Pedro Lohman; así como la filtración de investigaciones que apuntan al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero y al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, de adquirir bienes y propiedades en montos muy por encima de sus ingresos como servidores públicos. Según algunas opiniones estas acusaciones fueron cruzadas con información que mutuamente investigaron, dada la enemistad que prevalece entre ellos.
La campaña presidencial contra la corrupción no ha pasado de ser discursiva, ruidosa y sin resultados. Frente a la realidad, AMLO opta por la disonancia cognitiva: prefiere negarla que ver la realidad. Lo mismo hace en las mañaneras, en las que descalifica a las instituciones nacionales o internacionales que miden este fenómeno, en lugar de hacer algo.
Es indudable que a este gobierno, en materia de corrupción, se le describe perfectamente con cuatros “íes” y una “o”: incongruente, impune, incompetente, indolente y opaco. Ejemplo: “el decretazo”. Conclusión: nada que celebrar.
Periodista y maestro en seguridad nacional
