La situación económica por la que está pasando nuestro país es preocupante. Los efectos de la pandemia y el encierro social se están sintiendo con fuerza y gravedad. La recesión es inevitable y la perdida de empleos se ha duplicado en los últimos meses.

Ante escenarios tan adversos, muchas naciones han optado por contratar deuda pública para reactivar sus economías. Casos como Estados Unidos o Alemania, que casi de inmediato adquirieron financiamiento con organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, prendieron los focos rojos para países menos desarrollados como México. 
Sin duda alguna, la contratación de deuda siempre será una decisión difícil para cualquier político; sin embargo, ésta puede ser aceptada, e incluso, demandada, cuando se enfrenta una situación tan adversa como la que estamos viviendo.

En este contexto, el titular del gobierno federal ha sido firme respecto a este tema, señalando que no va a contratar deuda para abatir los efectos de la pandemia; pero sí está dispuesto a contratarla para otros fines.

De acuerdo con información oficial difundida en las últimas semanas, de enero a abril de 2019, esa administración obtuvo préstamos por más de 19 mil millones de dólares en fuentes internas y externas, monto que no se veía desde 2009.

Pero lo más grave es que, en ese año, tales prestamos fueron para hacer frente a las repercusiones de la influenza H1N1, mientras que en la actualidad esos compromisos se obtuvieron antes de la emergencia. Además, en junio de este año, se hizo pública la adquisición de un préstamo por mil millones de dólares por parte del Banco Mundial, supuestamente para hacer frente al entorno económico adverso. Lo que demuestra con claridad que México sí está adquiriendo deuda.

No obstante, el crecimiento inusitado en la adquisición de financiamiento ha puesto en alerta a los especialistas, quienes han señalado que solo en este año, la deuda de este gobierno alcanzará 15% del PIB y que, en total, al terminar la gestión, puede rebasar a los montos asumidos en los últimos tres sexenios, poniéndonos en una posición similar a la crisis de 1994.

En contraste, varios gobernadores han exigido al gobierno federal mayores apoyos para atender la pandemia y reactivar sus economías, proponiendo incluso la contratación de más deuda y financiamiento. No obstante, la respuesta del presidente ha sido un rotundo NO.

Luego entonces, sino es para atender la pandemia ¿para qué se está endeudando al país?

Al respecto, el problema no es que el gobierno contrate deuda (siempre y cuando se haga con mesura y planeación), sino que esos recursos se destinen a fines adecuados, que permitan transitar hacía una reactivación económica sólida y dinámica.

Pese a ello, la realidad es que no hay transparencia en el manejo de los recursos públicos y, por ende, se desconoce su verdadero destino, pues cabe señalar que, no obstante que los montos de endeudamiento siguen en crecimiento, la acción del gobierno para abatir la pandemia es invisible, por no decir, nula.

Y es que, todo parece indicar que ese financiamiento se está destinando principalmente a los proyectos promovidos por el presidente y al sostenimiento de Pemex, no obstante la tendencia mundial a impulsar energías limpias y renovables.

Por ello, es necesario permanecer atentos a lo que estará sucediendo en los próximos meses, pues la forma como este gobierno está adquiriendo deuda es anormal y lo peor, es que no sabemos para qué, lo que nos preocupa sobremanera, pues lo que está en juego no sólo es la reactivación del país ante la pandemia, sino el futuro de millones de mexicanas y mexicanos que por varias generaciones tendrán que cubrir estas deudas…situación que es, por menos decir, inaceptable.

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