18 / junio / 2021 | 06:17 hrs.

¡Detengamos la tortura, ya!

Lídice Rincón Gallardo

En 2012, Adrián Vázquez Lagunes fue detenido, amenazado y semiasfixiado en Baja California, durante 12 horas, bajo custodia de la policía estatal. La razón, totalmente arbitraria: se le acusó de portar armas de grueso calibre y de manera ilegal, habiéndosele confundido con un líder del Cártel de Sinaloa. A la fecha, Adrián continúa en prisión y, como ha documentado Amnistía Internacional, su situación de encierro como víctima de violaciones acumuladas al debido proceso es paradigmática de una posición de vulnerabilidad que se repite -desafortunadamente- de manera sistemática. Hay que decirlo de manera clara: la tortura sigue siendo una práctica sistemática en la procuración de justicia en nuestro país.

Derivado del Examen Periódico Universal que el Estado mexicano sustentó frente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2012, el mismo año de la detención de Adrián Vázquez, una buena parte de las recomendaciones se dirigieron a cuestionar la vigencia de los derechos en el ámbito de la procuración de justicia. Se documentó que aún persiste la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes en muchos de los tramos del sistema penal en nuestro país, y que esto ha generado procesos de revictimización. No es sólo que las personas sean sentenciadas a causa de confesiones extraídas bajo tortura, sino que en el interior de los centros de reclusión la violencia continúa y se acentúa.

A este respecto, cabe señalar un caso paradigmático: sólo fue hasta este año, 2015, que Alfonso Martín del Campo Dodd fue liberado de una condena de 50 años de prisión que empezó a purgar en 1993, cuando un juzgado del Distrito Federal lo declaró culpable por el asesinato de su hermana y cuñado, como resultado de un proceso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó como viciado de origen por fundarse en una confesión obtenida bajo tortura. Después de 23 años, Del Campo Dodd fue liberado. En la argumentación de la Corte, se afirmó que la tortura es una violación grave que se actualiza cada día que permanece en la impunidad, y que si el Estado no procura justicia, esta conduce a situaciones de revictimización. No quisiéramos que el caso de Adrián Vázquez llegara a la magnitud negativa que tuvo el caso de Alfonso, pero para que ello ocurra tenemos que ser capaces de entender lo que significa la tortura a nivel personal y colectivo.

Torturar a una persona significa violentar su cuerpo desde una afirmación autoritaria del poder político y mostrarle que su integridad es secundaria, si lo que importa es conseguir una confesión o fabricar un culpable cuando hay un delito que es observado con atención especial por parte de la sociedad civil. Torturar a una persona es demostrarle que ella es irrelevante, dispensable, sin importancia en un contexto donde la seguridad humana no importa si se privilegia la razón de Estado. Torturar a una persona es, además, crear una marca permanente en su cuerpo y su conciencia, que se desborda a las familias y a los afectos cercanos, generando un espacio de inseguridad e incertidumbre acerca de la vigencia del Estado constitucional de derechos. 

La única manera de terminar con la tortura y de asegurar la libertad de Adrián y la reparación del daño en el caso de Alfonso (si es que algo así es posible después de tantos años de prisión injusta) pasa por tomar en serio a los derechos humanos como eje transversal de la procuración de justicia. Si no lo hacemos, cualquiera de nosotros, de manera desafortunada o azarosa, podríamos tomar el lugar de Adrián o Alfonso.

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