“Nos ha pasado tanto que ya nada nos sorprende”. Activista colombiana pro derechos humanos.

La semana pasada tuve el gusto de escuchar la disertación de la activista por la transparencia colombiana, Alejandra Barrios. El encuentro tuvo lugar en la sede del IFAI en la ciudad de México. Grata sorpresa me llevé al entender la perspectiva de aquel país en temas de agenda común con México: narcotráfico, corrupción, desvío de poder y dinero con fines electorales, así como la lucha constante por el establecimiento de un sistema de transparencia.

La expositora explicó cómo en el país latinoamericano se presentó de manera abrupta y salvaje el fenómeno de la corrupción y el narcotráfico, a grado tal que se reformaron algunos artículos para atender el problema.

En este sentido, es un lugar común en las democracias de América Latina la reforma constitucional para “resolver” ciertos problemas, aunque contrario a este sistema, los anglosajones avanzan en estas circunstancias por la vía de la interpretación constitucional, y con ello, dotan de contenido al enunciado jurídico de conformidad a los contextos sociales que se viven. Y, por muy complejas que sean las circunstancias, logran que lo político se procese por sus cauces y lo jurídico en las instituciones judiciales. Sí, finalmente convergen, pero prima la racionalidad jurídica y no la componenda política. Para lograr un escenario de esta naturaleza, se requieren jugadores profesionales, y que los jugadores antisistema queden fuera, a riesgo de atentar contra conquistas históricas.

México y Colombia tienen mucho parecido, aunque el segundo país es una República unitaria, compartimos historia y problemas; una gran diferencia también estriba en que la Iglesia católica en Colombia ha sido una de las piezas fundamentales para la pacificación de la sociedad, cuenta habida que aquella quedó sumamente lacerada a partir de los acontecimientos tan cruentos que todos conocemos.

Lo anterior tiene sentido citarlo a fin de entender que, las malas decisiones institucionales pueden dar lugar a conflictos políticos, sociales y económicos, y aunque pareciera que digo una cuestión lógica, en ocasiones pasamos por alto sopesar las decisiones fundamentales en un Estado.

Por ejemplo, en México a raíz de la transición a la democracia, tenemos elecciones periódicas, pero debemos garantizar que sean libres y auténticas, pero los partidos y los independientes deben establecer canales efectivos de comunicación con la sociedad y articular agendas públicas que se discutan en “público” de manera puntual, con audiencias debidamente informadas, que los gobiernos e instituciones hagan de la transparencia no el cumplimiento de una obligación, sino el ejercicio de una práctica cotidiana que suma a la democracia.

El elemento a vencer en el proceso electoral federal y local en Querétaro, no sólo será el abstencionismo, sino el abuso del poder, la introducción de recursos mal habidos a la elección, el desvío de recursos y esto quiere decir, no sólo dinero, sino de todos aquellos elementos que generan inequidad en la contienda, la presión desde los cargos públicos y posiciones sociales hacia clases desfavorecidas y mal informadas.

Si se presentan en el proceso electoral, estas conductas deben ser sancionadas en aras de mantener un principio constitucional básico: la equidad. Esto se logrará por la vía institucional: órganos electorales locales imparciales, partidos políticos y candidatos comprometidos, gobiernos respetuosos de la legalidad y sobre todo, con un profundo compromiso democrático por instaurar y heredar un mejor país que el que hemos recibido.

Es un tema muy sensible y de alta tensión el proceso electoral que se lleva a cabo en Guerrero y Michoacán. Mi apuesta siempre será por la vía institucional. En este país no podemos arreglar los problemas con otra arma que no sea la de la razón.

Doctor en derecho por la Universidad Panamericana y especialista en justicia electoral. @cdlocobos