La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promovida por Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 9 de marzo, constituye la punta del iceberg del desmantelamiento de las políticas neoliberales pactadas en los sexenios anteriores a la 4T. Una de sus principales promesas de campaña fue revertir la reforma energética avalada durante la administración de Enrique Peña Nieto. La reforma propuesta prioriza a la Comisión Federal de Electricidad por encima de la iniciativa privada, regula la libre competencia y retira los subsidios otorgados en 2013 a las empresas privadas.

Apenas un día después de la publicación de la LIE en el Diario Oficial de la Federación, los jueces han otorgado más de 30 suspensiones provisionales derivadas de amparos interpuestos por empresas afectadas, entre las que destacan dos suspensiones definitivas concedidas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro a favor de Eoliatec del Pacífico y Parque Solar Orejana, frenando por el momento la implementación de la LIE. La suspensión tiene efectos generales, por lo que aplica a todos los participantes de la industria.

Las decisiones tomadas por el poder judicial para proteger a estas empresas han suscitado una fuerte tensión con el gobierno federal. López Obrador afirmó que en caso de que las modificaciones a la LIE sean declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), buscará la reforma constitucional.

La LIE juega un papel estratégico en la agenda del gobierno federal para el desmantelamiento de las reformas estructurales pasadas. En este sentido, la confrontación del poder ejecutivo con el judicial podría tener una doble interpretación. La modificación a la LIE significa romper contratos que fueron creados en el marco de la corrupción y la impunidad –como lo muestran las investigaciones en el caso Lozoya–. Y, eventualmente, si la SCJN declara inconstitucional la modificación a la LIE, el llamado del presidente a reformar la Constitución le permitiría ir más allá de la disputa con las empresas privadas y revisar la actuación del poder judicial en los cambios constitucionales de gobiernos anteriores, que fortalecieron el modelo económico neoliberal.

En este trayecto, reformar la Constitución supone también, transformar a un poder judicial que no es ajeno a las redes de corrupción e impunidad. Doblado muchas veces frente a las presiones políticas o económicas, reticente a la rendición de cuentas y acostumbrado a decidir todo a puerta cerrada. Pero, sobre todo, omiso frente a la procuración e impartición de justicia cuando se trata de personas comunes, como lo muestra la larga lista de víctimas que permanecen en espera de la justicia.

La declaración inconstitucional de la reforma a la LIE por parte de la SCJN, llevaría al presidente a utilizar la ruta democrática de la reforma constitucional. Cuestión que favorecería su intención de desmontar el desmantelamiento neoliberal, en caso de que su partido sea favorecido en las elecciones de 2021.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale

Google News