Derechos y libertades

04/02/2020
06:20
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El edificio democrático siempre está amenazado. Si, como dice Gilles Lipovetsky, los derechos humanos son el “auténtico código genético y axiomática moral de las democracias”, en México estamos en graves problemas. Desde cualquier trinchera la lucha tiene que ser sistemática y contundente porque los enemigos siguen siendo poderosos. La libertad de expresión tiene enormes obstáculos. El crimen organizado ha cobrado la vida de 131 periodistas desde el año 2000 y hay un muro de impunidad que protege a los asesinos. En plena 4T hay al menos 11 periodistas asesinados, hasta el mes de noviembre pasado. Recientemente también fue asesinado otro ambientalista en Michoacán, un defensor de la mariposa monarca, Homero Gómez González, que luchaba en contra de los taladores clandestinos. En este mundo que atenta en contra de la libertad de expresión hemos visto también de qué forma la complicidad entre el poder político y los concesionarios de medios han ejercido censura y han cerrado espacios críticos en la radio y en la televisión. El caso de Aristegui es un buen ejemplo de los golpes del poder en contra del periodismo de investigación.

Además de la violencia y el crimen organizado, también hay partes del poder judicial que atentan en contra de la libertad y tuercen la ley, como ha sucedido en la CDMX con el caso de un destacado editorialista. La semana anterior supimos de lo sucedido a nuestro colega y amigo Sergio Aguayo, quién fue demandado por un artículo de opinión de enero de 2016, en donde analizó la detención en España de uno de los políticos más emblemáticamente corruptos del país, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. El magistrado que condenó a Sergio Aguayo se llama José Francisco Huber Olea y ha usado de forma tramposa la ley para un oscuro propósito, beneficiar a Moreira. Sospechosamente, el otro Moreira, que también fue gobernador en Coahuila, le otorgó una notaría al hermano del magistrado Huber. De acuerdo al abogado de Aguayo, Héctor Beristain, la pena impuesta de pagar 10 millones de pesos, (para lo cual el editorialista tuvo que exhibir una garantía de 450 mil pesos para evitar un posible embargo de sus bienes) significa un acoso judicial. Ante este panorama la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por iniciativa del “ministro Gutiérrez Ortiz Mena, asumió la atracción del amparo directo 906/2019, promovido por Sergio Aguayo, contra la sentencia de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, al considerar que la sentencia que lo condena a la reparación de daño moral al exgobernador Humberto Moreira es violatoria de la libertad de expresión”. El abogado Beristain ha señalado que este acoso judicial tiene una pena completamente desproporcionada. Este caso vuelve a poner en debate las tensiones que hay entre el daño moral y la crítica que necesitan la libertad y el periodismo. El escándalo que ha generado este acoso judicial es muy importante para ver si se puede dejar atrás de forma definitiva ese tipo de atentados en contra de la libertad de expresión. En la medida que el mismo Estado, en la parte institucional más alta del Poder Judicial, la SCJN, pueda reparar el acoso y la barbaridad cometida por el magistrado Huber, se podrá marcar un alto y una frontera. De la misma forma, será necesario que el asesinato del ambientalista Homero Gómez no quede en la impunidad y se pueda someter a la justicia a los responsables, porque será la única manera de empezar a detener esta amenaza en contra de los defensores de derechos humanos y ambientales. La enorme impunidad que reina en el país y que cubre a prácticamente a todos los asesinatos de periodistas, es el mejor incentivo para seguir en esta inercia mortal. Basta ya.

PD. ¿Alguien sabe dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos?

 

Investigador del CIESAS. @AzizNassif

 

 

Profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Ha escrito libros y numerosos artículos de investigación.

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