La confianza que debe tener el presidente hacia el subsecretario de Salud, Gatell, parece a prueba de todo, pues no obstante los malos resultados en la atención de la pandemia, ahora dicho funcionario tomó la decisión de cancelar 34 normas oficiales mexicanas que atendían temas de alta sensibilidad en la población.

Con esto, la 4T da un nuevo golpe a la salud. ¿Por qué lo digo?, porque la semana pasada, sin mayor explicación, se dio a conocer que en el Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, el cual es emitido por un Comité Técnico presidido por el subsecretario de Salud, se determinó cancelar de un plumazo, 34 normas oficiales mexicanas que atendían temas sensibles de salud como: el cáncer de mama, la tuberculosis, la hipertensión, la obesidad infantil, entre otros.

Las normas oficiales mexicanas son instrumentos regulatorios que, con los mismos efectos de una ley (generales y obligatorias), establecen criterios técnicos que garantizan la calidad, seguridad y eficacia de ciertas practicas o productos. Su existencia responde a la necesidad de evitar las “ocurrencias” o “inventivas” al momento de atender un problema. A través de dichas normas, se establecen procedimientos, parámetros y métricas que permiten asegurar un buen resultado y funcionamiento de los productos o técnicas empleadas.

En el sector salud, éstas tienen gran importancia, pues regulan con precisión cuáles son las acciones, condiciones y requisitos mínimos que se deben cumplir para atender ciertos padecimientos, así como el tipo de medicamentos, procedimientos y acciones que se deben realizar para apaliar las enfermedades.

Pese a ello, sin justificación ni explicación aparente, la 4T decidió que lo mejor era cancelar dichas normas, como la NOM-041 para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama y la NOM-015 para la prevención, tratamiento y control de la diabetes, entre otras.

Decisión que la verdad no sorprende, pero sí me indigna. Pues el hecho de que esta administración tenga un desdén por lo técnico o científico (bajo un falso dilema neoliberal), no les legítima para atender la salud al “ahí se va”. Ya lo hicieron con el Insabi y con las vacunas contra el Covid-19, y los resultados fueron pésimos.

La intención es clara. Se busca “liberar” al gobierno de ataduras legales para atender la salud como “se les ocurra” y “como puedan”, sin ningún tipo de recato o respeto por la ciencia o la técnica. Sobre todo, para abrir la puerta a la compra de medicamentos y materiales de baja calidad, a menor costo y de procedencia dudosa, lo que por supuesto, terminará por afectar más la calidad en la salud. Y si a eso le sumamos la saturación en los centros de salud y la carga de todo al IMSS-Bienestar, el panorama es desalentador.

Así, estamos ante una nueva decisión del subsecretario, quien impuso su palabra en la pandemia y ahora pretende, otra vez, hacer lo mismo con otros padecimientos. Una decisión que, al final, puede tener fuertes y tristes repercusiones.

Así, seguro, llegaremos a ser como Dinamarca.