Derecho a la ciudad

Juan Martín Granados Torres

En la capital hay un problema presente asociado con nuestra historia colonial que le define como un dilema que seguirá creciendo y que, sin atención adecuada, aparece como un futuro de permanente caos, me refiero al tráfico vehicular.

La saturación de las exiguas calles es normal con el crecimiento vehicular derivado de la migración interna que sufrimos (desde siempre) y que se ha acentuado en los últimos 10 años por factores propios del crecimiento económico del estado.

Las medidas de gobierno relacionadas con el tema deben ser cuidadosamente estudiadas, consensuadas y evaluadas, pues no hay condiciones para la ligereza, improvisar o practicar. Es preciso que la visión técnica se apoye en las ciencias, con un enfoque interdisciplinario, que permita modelar soluciones eficaces comprensivas de los aspectos social, político y ambiental.

Hay notorios esfuerzos y acciones que seguramente están en evaluación por los responsables, pero es preciso que —al repensar esas medidas— el quehacer público conceda primacía al derecho que tenemos los habitantes de la ciudad a transitar por la misma, lo que se conoce como el derecho a la movilidad urbana, reconocido con carácter de universal y que varias ciudades vecinas ya practican lideradas por sus autoridades.

En Querétaro se requiere el rediseño y reubicación de las áreas de servicios públicos y privados de concentración masiva fuera del centro urbano; promover la cultura del peatón y uso de la bicicleta, entre otras cosas.

Hoy los gobiernos democráticos fincan su gestión en mecanismos de gobernanza, que los obliga a construir canales para consensuar con el ciudadano la toma de decisiones de lo público, entre ellas —por supuesto—, qué hacer con las vialidades y el derecho a la movilidad urbana de los habitantes.

Especialista en seguridad, ex procurador general de Justicia de Querétaro

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