Uno de los temas más debatidos en ciencias políticas a lo largo de la historia ha sido el uso de la fuerza. En nuestro país sin duda esta declaración se comprueba al menos una vez cada sexenio sin importar los colores de la silla presidencial. Los recientes sucesos acontecidos en varios puntos de México nos demandan de nuevo analizar cuál podría ser la solución a este abismal problema que nos ha aquejado desde tiempos lejanos. Muchas entidades federativas han sido afectadas por el uso indebido de la fuerza del Estado y las facultades que lo respaldan, incluidas ahí en Querétaro con lo que se conoce como la “Ley Garrote”.
La evolución del uso de la fuerza ha sido un proceso largo. Podemos recordar aquí su uso por parte del Senado romano para proteger a su población de los enemigos, pero también para repeler a los conspiradores del máximo órgano de gobierno. Durante la Edad Media, caracterizada por un sistema feudal, los terratenientes o señores feudales tenían la obligación de proteger a sus vasallos que les habían jurado lealtad, por ello en los feudos existían ejércitos exprofeso para proteger a los poblados y, a medida que pasó el tiempo, a los burgos.
No obstante, fue hasta mediados del siglo XVIII, ya en los Estados-nación, que el intelectual francés Montesquieu presentó en su obra “Espíritu de las leyes” una propuesta para dividir en tres el poder del gobierno. Este modelo, que ha sido la base de la democracia moderna, es el que se ha utilizado en Occidente y en muchos países de Oriente. De manera paralela, pero aunado a esta propuesta para la democracia, Jean Jacques Rousseau planteó en El Contrato Social la necesidad de crear un acuerdo entre la sociedad y el Estado. En tal contexto, la primera decidiría su gobierno, a quien se le podría exigir rendición de cuentas y reclamar si no cumplía con su deber. De la misma manera, el
Estado tendría la posibilidad de desmantelar las protestas si las consideraba un riesgo elevado para el orden social.
Las propuestas de estos dos intelectuales franceses en el fortalecimiento de la democracia y representatividad nos siguen rigiendo a más de 270 años de haberse emanado y materializado en publicaciones. Sin embargo, sigue existiendo el debate de cómo el Estado debe realizar el uso correcto de la fuerza para mantener el orden público, y los hechos recientes en Jalisco y la Ciudad de México (CDMX) lo demuestran. No hay que ser parcial ni hipócrita. En ambos eventos hubo violencia desmedida de las personas manifestantes hacia los policías y viceversa.
¿Por qué acusar a uno y no a ambos? Ahora, sería difícil que en una manifestación no haya infiltrados, lo hemos visto repetidamente sexenio tras sexenio. Por ello, es importante analizar bien ambos eventos, es decir, si tenemos una ideología política o partido preferido, alejémoslo por un momento para ver el panorama de forma más nítida. ¿Por qué hubo disturbios en Jalisco y no en Baja California si sucedieron casos similares? ¿Por qué atacar a la Casa Jalisco en la CDMX? Para la reflexión.
Pero a pesar de ello, es imprescindible destacar que, si bien los policías pueden dejarse llevar en un escenario lleno de adrenalina, es ineludible la necesidad de que los cuerpos policiales (al menos los que se dediquen a contener manifestaciones peligrosas) en México —y en el globo— se capaciten con otro enfoque integral que vaya acorde a las necesidades de sus funciones. Es cierto que a ellos se les encomienda la seguridad de la sociedad, pero hay que bajarle dos rayitas al autoritarismo. Es por ello que en Querétaro la existencia de lo que se conoce como la “Ley Garrote” representa un severo riesgo para la población, pues lo cierto es que, si bien hay policías que entienden su labor, hay muchos que no y eso puede ser determinante para lograr una sociedad protegida o, por el contrario, una atacada, acrecentando el desprestigio de la policía en la sociedad.
