Quienes consideran que la polarización política constituye una deficiencia de la vida democrática ignoran que este tipo de ejercicio es el que permite mostrar agravios e injusticias invisibilizados históricamente. La confrontación entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el periodista Carlos Loret de Mola, atizada por diferentes actores en las últimas semanas, reveló temas que habían permanecido por mucho tiempo ajenos a la opinión pública. Por un lado, la necesidad de conocer la fuente de financiamiento de consorcios mediáticos que permite ofrecer altos salarios a periodistas con perfiles más próximos a figuras del espectáculo que de compromiso informativo con sus audiencias, frente a la precariedad que viven los periodistas de a pie, quienes no cuentan con la seguridad, ni los mínimos derechos sociales y humanos para ejercer su profesión. Y, por el otro, la importancia de exhibir el origen de los recursos utilizados por lo medios de comunicación utilizados para impulsar (o desacreditar) proyectos políticos.

La precarización y la inseguridad que padecen los periodistas de a pie ante la opulencia del periodismo de élite se tradujo en una experiencia obscena por sus consecuencias letales. Gobiernos y consorcios mediáticos han sido indiferentes a la violencia y asesinato de periodistas. Pero, no solo eso, las alianzas construidas con el periodismo de élite entre los grupos de interés y los gobiernos en México favorecieron la desconfianza de la población hacia este sector. Lo que se traduce en falta de empatía cuando el gremio periodístico se manifiesta para exigir que no “los maten”.

En los tiempos que corren, las campañas de desinformación pasaron a tomar el lugar de los grandes reportajes. Lo que predomina es la capacidad para difundir mentiras, dudas y discursos de odio. Estas prácticas desplazan el trabajo de los periodistas de a pie, cuyo objetivo es informar y tomar el pulso de lo que sucede a ras de suelo.

Es innegable que a lo largo de la historia del periodismo en México ha existido una relación compleja entre consorcios mediáticos y grupos de poder. Sin embargo, en un momento en el que el derecho es utilizado como un arma política para confrontar a gobiernos que realizan acciones que lastiman los privilegios de las élites políticas y económicas, el derecho a la libertad de expresión se convirtió en un procedimiento que desvirtúa los fines originales del periodismo, derivando en un mecanismo que defiende el “derecho a calumniar”. Esta distorsión es utilizada, cada vez más, por figuras del espectáculo periodístico, mientras que el periodismo de a pie queda relegado al olvido, a la precariedad de la vida laboral y al riesgo de perder la vida cuando informa sobre temas de corrupción y toca intereses de la delincuencia organizada.

Enmascarar la terrible crisis de violencia que vive el periodismo de a pie en México, defendiendo a comunicadores privilegiados, resulta una respuesta infame y oportunista por parte de quienes ignoraron por décadas las condiciones del gremio periodístico.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale