Querétaro se ha ganado el reconocimiento no sólo nacional por la limpieza de sus calles y demás lugares públicos. Sí hay un comentario común de los visitantes de otras ciudades: siempre enfatizan la limpieza de la ciudad. Pareciera que los partidos del PRI y del PAN siempre han coincidido en que la política de partidos no contamine la gestión de la limpieza de nuestros lugares públicos. Los trabajadores de limpia, creo, también han tenido una tradición de respeto a la ciudadanía y a las autoridades. Casi no se ha observado un historial de conflictos laborales o querellas emprendidas por los trabajadores de limpia, ni acciones de la ciudadanía en contra del sector público de limpia. Los empleados de limpia no son un grupo de protesta o de insurgencia política.
No obstante lo anterior, ayer pudimos ver por las calles el desfile pacífico de cientos de trabajadores, hombres y mujeres que se dirigían ante las autoridades municipales de Querétaro para hacer valer sus reclamaciones laborales. Uno podía verlos vestidos de naranja con un impecable signo en las ropas de que estaban trabajando, cuando “algo” los hizo moverse para vencer las inhibiciones de clase, de barreras educativas y hasta los umbrales inclementes que imponía el sol de media tarde. Había seguridad en el paso y cansancio en la humildad de los rostros que vaciaban el coraje tranquilo contra la privatización de su fuente de trabajo.
Tienen razón los trabajadores de limpia del municipio de Querétaro. Por razones hasta ahora desconocidas, las autoridades municipales, en la ola de privatizaciones municipales, deciden entregar el servicio de limpia a intereses desconocidos, invocando la eficiencia y el bajo costo del servicio. Extremos que todavía no se acreditan. Privatizar sin exponer razones ni argumentos no es jurídico ni es ético y la ciudadanía merece una explicación pública, objetiva, económica y, sobre todo, legal. El Ayuntamiento de Querétaro y la Legislatura deben de comenzar a explicar las razones de esta política inercial de privatizaciones que erosiona derechos laborales de cientos de trabajadores y los manda a la calle que un día limpiaron.
Tienen razón los trabajadores en querer mantener sus fuentes de empleo, aun en el contexto de la privatización, y en no entender la diligencia oficiosa de los funcionarios municipales de querer entregar la concesión de los servicios de recolección de basura, haciendo una “limpieza laboral” del sector y eso se llama discriminación, y hasta puede tipificarse como fascismo gubernamental.
Ya deben actuar el Ayuntamiento y el Congreso para detener la arbitrariedad que se comete en contra de uno de los sectores de trabajadores más nobles y eficientes que tiene la administración municipal. No por caridad —que nadie la ha pedido—, sino por justicia; no por compasión, sino por deber legal y ético del servicio público. Ambas autoridades, si no quieren anular la concesión, deben agregar un capítulo laboral de asunción de la parte trabajadora que en muchos años nos ha correspondido con una ciudad limpia y presentable ante el mundo.
La ciudad corre el riego de ser entregada a intereses desconocidos que van a usufructuar un servicio de limpia sin la experiencia del contexto local, sin dar garantías de que van a cumplir los términos de la concesión. Sin que se sepa hasta ahora cómo se va a respetar el capítulo ecológico que exige un servicio público como el de limpia. Hasta ahora no se sabe si la empresa concesionaria, de ser el caso necesario, ha renunciado a la protección del gobierno de su país y no nos va a llevar a una corte internacional para resolver los eventuales conflictos y controversias por la interpretación de los términos de la concesión.
Creo que las autoridades municipales, en relación con los trabajadores de limpia, debieron pensar más en la gente que en pretensiones de innovar por innovar, de cambiar por cambiar para que nada suceda. Ya bastante tenemos con el concierto de horadaciones de los asfaltos de nuestras calles de la ciudad; la destrucción de la flora en nombre de la movilidad de los autos, pero no de las personas; la pinta de puentes y el gasto cosmético de arreglos en puentes millonarios. El gobierno de las ocurrencias, no de las ideas. De la popularidad, no de la eficacia e interés público.
Pero lo que no se entiende es el silencio de los partidos de oposición que ya deberían estar contrarrestando la acción privatizadora y no lo hacen. En el caso del PRI, porque sería romper con la regla de reciprocidad y de amnistía que de facto le está aplicando el actual gobierno municipal. En el caso del PRD y Morena ya deberían, por cortesía política, dar la cara y exigir una explicación en torno a una política que afecta a un sector del que se dicen representantes, pero parece que en la izquierda también hay clases y la aristocracia de estos partidos no se digna a reconocer sus propias derrotas.
Abogado
