Nuestro país tiene una historia democrática relativamente breve; apenas han pasado 22 años desde la alternancia en la Presidencia que nos condujo a una transición. A partir de ese suceso la evolución de las instituciones que integran el sistema político mexicano han tenido ritmos y matices diversos que se han expresado en las reformas político-electorales. Sin embargo, todas ellas tienen un factor común: nunca se habían planteado desde la titularidad del Poder Ejecutivo.

La razón por la cual una propuesta de reforma político-electoral no debe plantearse desde el poder, sino desde los partidos que integran la oposición, es muy sencilla: quien se encuentre en la oposición buscará genuinamente ampliar los espacios de participación, la pluralidad y garantizar la representatividad. En cambio, el partido en el poder sólo buscará modificar las normas que permitan o faciliten su permanencia.

En este contexto, la Iniciativa de reforma electoral presentada por el presidente López Obrador no sólo genera suspicacias y desconfianza, sino que además refleja su posición antidemocrática. Desde un análisis sesgado e incompleto acerca del estado actual de la democracia que plantea en la exposición de motivos, hasta la inviabilidad de sus propuestas en su revisión particular, la iniciativa no puede representar ningún cambio positivo para fortalecer nuestras instituciones democráticas.

Por el contrario, la principal intención del presidente con la presentación de su iniciativa es comenzar a desestabilizar al INE, nuestro órgano constitucionalmente autónomo más sólido y con mayor tradición de fortaleza institucional. Es actualmente una de las instituciones que tiene mayor credibilidad y, salvo casos como el del propio presidente, nadie cuestiona la imparcialidad de su actuación.

Queda claro que el presidente no sólo quiere transformar el INE para convertirlo en INEC (adicionando la facultad de revisar asuntos relacionados con consultas), sino que pretende destruir su naturaleza desde la raíz. Una prueba de ello ha sido su polémica propuesta que consiste en permitir que ahora a los consejeros del INE se les elija por voto popular.

Esto resulta un gran contrasentido, pues es precisamente el INE la institución encargada de garantizar la imparcialidad y con el cambio de paradigma se actualizaría un escenario tan ridículo cómo pensar que los árbitros en los partidos de futbol sean electos por la afición.

Por ello, durante los meses por venir la ciudadanía y quienes integramos la oposición debemos dar una batalla fuerte por la defensa del INE. Si perdemos al árbitro que ha garantizado la legalidad y la imparcialidad en las elecciones, no habrá camino de retorno posible hacia la democracia.

Al final del día no se trata de la defensa de una institución: en la defensa del INE se materializa nuestra defensa de la democracia.