La madrugada del 9 de abril desapareció Debanhi Susana Escobar Bazaldúa. Circuló en las redes sociales una fotografía de la última vez que fue vista la joven de apenas 18 años, haciéndose viral no solo en México, sino en el resto del mundo. La noche del 21 de abril encontraron su cuerpo sin vida en una cisterna ubicada atrás del motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León.

Esta historia se replica todos los días a lo largo y ancho de nuestro país. Miles de mujeres y niñas son asesinadas por el simple hecho de ser mujer. En México solo el 26.4 por ciento de los asesinatos de mujeres son tipificados como feminicidios y dentro de este bajo porcentaje, solo 3 de cada 100 asesinatos de mujeres son esclarecidos y logran establecer una condena.

Las explicaciones que las autoridades proporcionan sobre los feminicidios, y los medios de comunicación masiva secundan, aluden casi siempre a acciones perpetradas por individuos, como si las agresiones fueran resultado de casos particulares y sin reconocer que se trata de un problema estructural.

Esta forma de operación institucional tiene consecuencias en el comportamiento colectivo. Haciendo eco de lo anterior, las personas reproducen una narrativa en la que se asume que los feminicidios son resultado de la acción de un malvado hombre que aprovecha la “fragilidad” de una mujer (o una niña) para poner en juego su misoginia y sus perversos deseos, como si se tratara de un individuo enfermo que actúa en solitario.

Una de las trampas que entraña este discurso es la elaboración de una narrativa que justifica la idea de que las mujeres “deben ser protegidas por los hombres”. Someterse a la tutela de un varón para recibir a cambio seguridad y protección, en lugar de exigir a las autoridades que garanticen la seguridad de todas las personas.

La repetición de esta narrativa impide visibilizar lo que realmente sucede. Una cadena de colusión entre autoridades, delincuentes de cuello blanco, empresarios y criminales que actúan concertadamente para obtener fuertes ganancias a través de negocios ilícitos, disponiendo de personas a las que consideran “superfluas” y utilizan como mercancías.

De algún modo, esto explica por qué los perpetradores de feminicidios pueden salir impunes de actos tan deleznables. Primero, porque no actúan solos. Y, segundo, porque se trata de un mecanismo en el que participan autoridades y grupos de interés para mantener en el anonimato y bajo protección a quienes se benefician de estos crímenes.

En el caso de Debanhi Escobar, las autoridades de Nuevo León ratifican esta práctica. El Fiscal General del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, confirmó el sábado pasado que la joven pereció a causa de una contusión profunda en el cráneo sin esclarecer la forma en que ocurrió la lesión, dando “carpetazo” a este terrible hecho y así pasar a otra cosa.

Desgraciadamente, la reiterada práctica de feminicidios que permanecen en la impunidad oculta un crimen silencioso mayor: convertir en superfluas a las mujeres que dejaron de ser “funcionales” para la reproducción social y económica al tomar conciencia de sus derechos.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale