De la creación a la aplicación de la ley

Arely Gómez González

En septiembre de 2012 inicié una de las experiencias más gratas de mi vida. Después de haberme desempeñado en el Poder Judicial de la Federación y en la administración pública federal, desde el Senado participé en la construcción del andamiaje jurídico con el que estamos transitando al nuevo sistema de justicia penal.

En esta Cámara constaté que la pluralidad partidista, lejos de ser un obstáculo, es la vía para lograr importantes acuerdos que favorezcan las condiciones de todos los mexicanos.

Como senadora, contribuí en el diseño de leyes que permiten la transición de un anquilosado sistema de justicia penal, predominantemente inquisitivo, a uno nuevo de corte acusatorio y oral.

A partir de 2013, en el seno de la Comisión de Justicia, trabajamos en la expedición de tres leyes únicas, que homologarán el marco jurídico para toda la República: el Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y la tercera ley, en materia de ejecución de sanciones penales, actualmente en proceso.

También contribuí en el diseño de las siguientes leyes: General de Víctimas, de Justicia Militar, para prevenir el lavado de dinero, de Amparo, indulto, delitos cometidos en contra de periodistas y la ley general en materia de delitos electorales, entre otras.

Esta participación legislativa fue fundamental, me permitió tener una visión amplia de la problemática en materia de justicia y derechos humanos, y conocer las exigencias ciudadanas.

En otro ámbito de acción, participé en temas de transparencia y apertura legislativa. En comisiones, trabajé en la dictaminación de la reforma constitucional en la materia y coordiné el Grupo Redactor de la Ley General, que pronto será aprobada por el Congreso. En el segundo rubro, como presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, impulsé políticas internas para dar acceso a la información pública del Senado y la promoción de los principios del parlamento abierto.

Estas leyes se concibieron con un objetivo específico: dotar de instrumentos jurídicos sólidos para contar en México con un sistema de justicia moderno, eficaz y transparente.

Dos años y casi seis meses después, el escenario es distinto. Llego a la Procuraduría General de la República con la ratificación del órgano legislativo que fue mi casa, con el aval y confianza de la mayoría de mis ex compañeros. Pero también asumo esta responsabilidad, con la exigencia de los legisladores para contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho. El reto es mayúsculo. Mi entrega y compromiso son totales.

Ahora, las leyes en las que intervine en su redacción, son las mismas que en mi nueva encomienda tendré la responsabilidad de implementar.

En mi comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, como parte del proceso de ratificación como titular de la PGR, expuse las líneas que regirán el actuar institucional en esta nueva etapa: respeto y defensa de los derechos humanos, procuración de justicia eficaz, implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y transparencia.

La finalidad es recuperar la confianza de los ciudadanos en la PGR, institución que trabaja para la consolidación de un modelo ejemplar de procuración de justicia. Desde mi nueva encomienda refrendo mi compromiso con la justicia en México.

Agradezco a EL UNIVERSAL que me permitió compartir algunas reflexiones con sus lectores. Hoy hago una pausa y dejo en puntos suspensivos este espacio quincenal.

 

Procuradora general de la República

 

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