A lo largo de los últimos 20 años la participación política de las mujeres se ha incrementado significativamente a golpe de sentencias. Tras el reconocimiento del derecho a votar y ser votadas en 1953, tuvo que pasar casi medio siglo para que se establecieran cuotas de participación para mujeres.

En 2011, la Sala Superior del TEPJF emitió una sentencia en la que se le solicitaba al entonces IFE que obligara a los partidos políticos al cumplimiento estricto de las cuotas de género, ya no solo en las listas de representación proporcional, sino también en las candidaturas de mayoría relativa. Si bien esto incrementó considerablemente la participación política de las mujeres, llegando a ocupar casi  40% de los escaños a nivel federal, no fue hasta 2019 cuando entra en vigor la llamada “Paridad en todo” para garantizar los derechos políticos de las mujeres en los 3 órdenes de gobierno, organismos autónomos, candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena.

El resultado de todas estas acciones, producto de la persistencia de diversos movimientos de mujeres, se ha reflejado en un incremento significativo en su participación en la competencia por cargos de elección popular, así como también de los casos de violencia política en razón de género.

Como señala Gabrielle Bardall (2018) en un trabajo sobre la intersección entre la violencia, la política y el género, el fenómeno transgrede los límites de lo público y lo privado y posee rasgos tanto de violencia política como de violencia de género. La violencia política se centra en resistir el cambio de determinado régimen o jerarquías de poder mientras que la violencia política en razón de género está motivada en la intención de controlar o reprimir los derechos políticos de una persona debido a su género. Sin duda, en la vida pública hay cientos de ejemplos de estas dos modalidades de volencia, el tema de fondo es que, para el caso de las mujeres, esta se sufre en los dos ámbitos.

Con el fin de analizar el fenómeno de la violencia política en razón de género en el proceso electoral Querétaro 2021, el Observatorio Electoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales llevó a cabo una investigación coordinada por la Mtra. Alejandra Martínez Galán a partir de la cual se monitorearon 20 medios de comunicación del estado. Si bien los resultados son múltiples y diversos, incluyo aquí  algunas conclusiones que nos permiten reflexionar sobre la situación que viven las mujeres que buscan contender por espacios de poder público.

1. No hay la misma cobertura mediática para hombres que para mujeres;  45.1% de las notas fueron sobre candidatas lo que impide que la competencia sea  en condiciones de igualdad. 2. Del total de las denuncias presentadas por candidatas,  38.4% fueron por violencia política. 3. El 69.2% de las agresiones fueron a precandidatas o candidatas y  30.7% a integrantes de sus equipos de campaña o familiares.

Aunque hemos avanzado, todavía las mujeres que deciden participar activamente en la política enfrentan una situación muy adversa.

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