América Latina está gravemente  enferma de corrupción. Todavía no de muerte, pero casi. Como lo hemos atestiguado desde hace tiempo por diversos casos de corrupción que involucran  a políticos y altos funcionarios de varias naciones —y en México sabemos muy bien del tema—, la región enfrenta en este nocivo fenómeno  social uno de sus mayores y más urgentes  retos.

Y es imperativo atacarlo de raíz, como se intenta en algunos países con la creación de fiscalías anticorrupción,  porque sin dudarlo es la causa más infame de la desigualdad y la injusticia: sus cimientos son la impunidad, la falta de transparencia, la mala administración y la apropiación  de los puestos y los presupuestos públicos para convertirlos en negocios de particulares. La corrupción, por ende, es una de las principales causas del  subdesarrollo de  Latinoamérica.

El caso Lava Jato de Brasil ilustra quizás como ningún otro  el grado de descomposición al que pueden llegar las sociedades y sus regímenes, incluso a nivel regional, por la  pésima combinación de  actos de corrupción  e impunidad. Esta  mega investigación  tiene su origen en  Brasil, pero  se extiende a otras naciones de la región, sobre todo luego de que a fines de 2016 la constructora Odebrecht reconociera ante  autoridades de EU el pago de sobornos en los países donde operaba. Por esta confesión el Departamento de Justicia estadounidense calificó el caso como el soborno extranjero más grande de la historia.

Y no exageraron las autoridades estadounidenses. La trama es a  tal grado  relevante, que fiscales  de 10 países latinoamericanos y de Portugal acordaron realizar indagatorias coordinadas por los actos de corrupción de las constructoras brasileñas implicadas. A raíz del escándalo se investiga o procesa ya a funcionarios y ex funcionarios, incluidos  ex presidentes de diversos países. Y no sólo hablamos de Lava Jato, además  hay buen número de ex mandatarios cuestionados o investigados por otros casos.

En Brasil, los cinco ex presidentes vivos enfrentan cuestionamientos por Lava Jato y por otros temas. En Perú hay tres ex presidentes vinculados a este caso. En Argentina y El Salvador también hay ex presidentes en problemas por diversas investigaciones. En México y Colombia igualmente  hay ex  funcionarios  que hoy están siendo investigados.

Esta cruzada regional  contra la corrupción, esperemos,  parece apenas comenzar.  Y justo por ello habría que decir que enjuiciar y castigar a los culpables en casos de corrupción no es suficiente. Los mecanismos e incentivos con los que ésta funciona en las sociedades permanecen ahí, con lo que los corruptos recién  juzgados simplemente son relevados. Y esto ya lo  hemos visto una y otra vez en América Latina: caen unos corruptos y llegan otros  igual o más   corruptos.

Como bien afirma el investigador  Mauricio Merino en estas páginas,  ya es hora de aprender esta lección: la clave de la guerra contra la corrupción está en la mudanza de sus causas. Creer que la corrupción es cosa de corruptos y no de sistemas políticos y administrativos que facilitan la discrecionalidad, la opacidad y los monopolios de la autoridad, nos sumirá en una espiral sin fin.

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