La sorpresiva acción de las autoridades judiciales de Estados Unidos de retirar los cargos penales contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, detenido en Estados Unidos el pasado 15 de octubre, acusado de conspiración de manufactura, distribución e importación de drogas ilícitas y por lavado de dinero, para que sea investigado y, en su caso, procesado bajo leyes mexicanas, constituye un hecho sin precedentes.

¿Sobre qué argumentos Estados Unidos aceptó retirar los cargos contra el general Cienfuegos? ¿Qué medios utilizó el gobierno mexicano para exigir su liberación? ¿Quién presionó a Andrés Manuel López Obrador para intervenir en el desenlace de esta acción? ¿Quién sale fortalecido de este embate? En este momento, toda respuesta es mera divagación. La explicación ofrecida por el canciller Marcelo Ebrard, acerca de la importancia de la liberación del general Cienfuegos como vía de continuidad para la cooperación entre ambos países, resulta poco creíble. Por su parte, el presidente de México asegura que no recibió presión de las fuerzas armadas para actuar. No obstante, reconoció que su intervención estuvo dirigida a salvaguardar la reputación del Ejército: “No es cualquier cosa, no podemos nosotros permitir sin elementos que se socaven nuestras instituciones fundamentales. Además, México es un país, que no se olvide, libre, independiente y soberano”. En esta reciente declaración, el primer mandatario cambió su punto de vista con respecto a la afirmación que hizo un día después de la detención del general Cienfuegos, cuando señaló que todos los miembros “involucrados” serían “suspendidos, retirados y, si era el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes”.

Aunque la retirada de cargos podría estar vinculada a consideraciones políticas de cooperación bilateral, la operación del gobierno mexicano muestra el poder innegable de las fuerzas armadas. Por otra parte, el mensaje enviado a la ciudadanía remite al interés de proteger al general Cienfuegos, contraviniendo la coalición política de López Obrador y sus bases, cuya postura es crítica hacia el ejército. Particularmente, en lo que se refiere al historial de derechos humanos. La Secretaría de la Defensa Nacional es la institución con el mayor número de quejas entre 2006 y 2019 por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial (https://www.animalpolitico.com/2020/05/ejercito-quejas-investigaciones-seguridad-publica/).

Las gestiones diplomáticas del gobierno mexicano mostraron una importante capacidad de resolución para lograr que el Departamento de Justicia de Estados Unidos retirara los cargos al general Cienfuegos y visibilizaron la solidez de México para presionar al país vecino para obtener su objetivo, suceso no menor. Esperemos que esta misma potencia sea utilizada para aplicar la justicia y no para elevar los niveles de impunidad de las instituciones aliadas del presidente.

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