Ejercer la crítica con argumentos es una acción propia de una democracia, más cuando existe respeto y réplica, en igualdad de condiciones, a la crítica.

Realizar crítica por consigna sin sustento o con falta de pruebas, en contraparte, roza los peligros de incitar los ataques e insultos que no favorecen la pluralidad ni las ideas en una democracia.

Un riesgo mayor es utilizar espacios de medios públicos para burlarse, criticar o minimizar a quienes ejercen, con su particular estilo o manera, la crítica contra el régimen o integrantes del partido en el poder. Más porque del presupuesto salen recursos que permiten el funcionamiento y la programación de los medios públicos.

El Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, medio público con cobertura y alcance nacional, ha incurrido en este peligroso supuesto las últimas semanas. Ya no se trata de casos “aislados” ni basta decir que fueron hechas en espacios de opinión. No, el peligro es latente y la polémica vuelve a ensombrecer el desempeño de un canal que históricamente se ha distinguido por la cultura y la pluralidad.

Más allá de los nombres, o de las “formas” en cómo se ha evidenciado o referido en Canal 11 a dos periodistas que critican al régimen del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la trascendencia de los hechos y las acciones preocupa: utilizar un medio público, que se sostiene con recursos del erario, para quien ose criticar al Jefe de Estado y Presidente de la República. El mensaje pesa más que los hechos. Porque tampoco se trata de defender a Héctor De Mauleón, a Víctor Trujillo o al personaje de “Brozo”.

No, el asunto está en el fondo: recurrir a un medio público para señalar, criticar y, al mismo tiempo, como ha ocurrido en Canal 11 desde diciembre 2018, favorecer espacio, tiempo y recursos públicos para personajes que elogian y defienden al Presidente (casos Gibrán Ramírez y John M. Ackerman).

Las dos críticas durante diciembre por parte de la colaboradora Estefanía Veloz hacia los periodistas mencionados, se suman a la decisión de mantener a John Ackerman y no defender más a Sabina Berman tras la polémica por el programa “John y Sabina” –quejas de “machismo” y misoginia incluidas-, más los 73 mil pesos mensuales provenientes del erario que recibía Gibrán Ramírez, como documentó el portal “etcétera”.

El conjunto de decisiones, acciones y hechos dejan entrever un posible uso del canal para desprestigiar y desenvainar la espada contra los opositores y críticos, situación que contravendría al objetivo de cualquier medio público (fomentar la pluralidad).

Además, el mensaje puede traer consecuencias, “efectos” o resultados que no se desean por el emisor. En este caso: victimizar o “martirizar” a Héctor De Mauleón y Víctor Trujillo, quienes si bien merecen respeto como seres humanos y periodistas, también han llegado a exagerar, equivocarse o publicar información sin elementos de sustento. Sin embargo, con las críticas y los señalamientos en su contra, al mismo tiempo que los han expuesto, la proyección y la imagen de ellos inicialmente han sido de víctimas.

El rol de víctima o mártir debe recordarlo muy bien el Presidente y exlegisladores del PAN y PRI en 2005, con el proceso e intento de desafuero como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando el tabasqueño les ganó la batalla en los medios y evidenció, comunicativa y políticamente, la verdadera intención que estaba detrás del proceso y un asunto que se presentó como procuración de justicia.

Volvamos al presente y el problema que afronta Canal 11. En este comienzo de 2021, vaya desafío que tienen el director del canal, José Antonio Álvarez Lima, y en menor medida el defensor del televidente, Felipe López Veneroni, para revertir las polémicas, evitar que se vulneren los derechos de las audiencias, pero sobre todo, impedir un uso político y faccioso del medio.