Los arreglos institucionales son elementos esenciales para la construcción de un sistema que sea capaz de limitar la acción del Estado y así garantizar la protección de los derechos básicos de las y los individuos; uno de esos arreglos institucionales imprescindibles es la división de poderes.

Para Montesquieu, uno de los principales teóricos de la limitación del poder político, sólo los Estados moderados garantizan la libertad política. No era ingenuo, sostenía que la libertad no se da por decreto, por ello, había que establecer mecanismos para evitar el abuso del poder. En “Del Espíritu de las Leyes” afirma: “es una experiencia eterna, que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites. ¡Quién lo diría! La misma virtud necesita límites”. Así, para eliminar la tentación, establece que el poder debe limitar al poder a través de un sistema de pesos y contrapesos que garantice la aplicación de la ley. Es en el marco de estos mecanismos de control que funcionan, a la par del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

En el caso mexicano, durante décadas fue evidente que tanto el Legislativo como el Judicial estaban, de facto, supeditados al Ejecutivo. Parte importante de nuestra transición a la democracia estuvo asociada a la instauración del pluralismo que permitió el acceso al Poder Legislativo de diversas fuerzas políticas y, con ello, la integración de un Poder Judicial que fungiera como contrapeso. En los últimos dos años, producto de una mayoría calificada en el Poder Legislativo a manos de la coalición gobernante, la concentración de poder en el Ejecutivo ha sido evidente. Sin embargo, nunca como ahora había sido tan clara la intención de debilitar este sistema de pesos y contrapesos.

Es facultad del Ejecutivo la presentación de iniciativas preferentes, mismas que deben ser discutidas en un plazo no mayor a 30 días naturales. Lo que no es facultad del Presidente es instruir al legislativo que la iniciativa sea discutida y aprobada sin moverle “ni una coma”. Ante la instrucción del presidente López Obrador, el Legislativo con mayoría de Morena acató y calló —o más claramente, cayó. La iniciativa preferente que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica fue aprobada en los términos solicitados. Nada más, pero nada menos.

A nadie sorprendió el resultado; si bien la exigencia del Presidente no se había presentado antes en esos términos —al menos públicamente—, el desenlace era esperado. Lo que no estaba en el guión eran las acusaciones del Presidente al juez que concedió —con base en lo que establece la ley— una suspensión provisional a la aplicación de la nueva ley y su posterior comunicado al ministro Arturo Zaldívar, presidente de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitando formalmente una investigación al juez. Una resolución judicial puede ser apelable, pero la vía no son las acusaciones sin pruebas y, mucho menos, la amenaza desde el Ejecutivo. El mensaje del presidente López Obrador es claro: se deben seguir los cauces legales siempre y cuando no contravengan su voluntad.

La democracia es el gobierno de la mayoría, sí, pero con base en instituciones, no en caprichos. Uno de los principales argumentos del Presidente para echar abajo la Reforma Energética aprobada el sexenio pasado fue que había sido aprobada vía presiones y sobornos a legisladores; hoy quiere modificarla exigiendo obediencia absoluta al legislativo y sometiendo, vía amenazas, al judicial.

Toca confiar que las instituciones de este país sean lo suficientemente sólidas para mantenerse a pesar de las ambiciones autoritarias.

Resulta aterrador pensar que se trata de un prejuicio; que lo que no queremos ver es que estamos a la merced de caprichos y ocurrencias.

@maeggleton

Google News