22 / septiembre / 2021 | 12:26 hrs.

Contra la ética de las drogas y el espíritu del capitalismo

Arnulfo Moya Vargas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en la encrucijada de declarar válidos o inconstitucionales varios artículos, 235 et al, de la Ley General de Salud que versan sobre prohibiciones al consumo y producción de marihuana para fines recreativos. En este debate judicial ha llamado la atención la propuesta de invalidez que hace el ministro Zaldívar. El argumento de los quejosos que interpusieron la demanda de amparo y que acoge el señor ministro Zaldívar reside en que las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad y el consumo de marihuana sólo es un asunto que corresponde resolver a cada individuo, así como las consecuencias que tenga dicho consumo para su vida. La intimidad como límite infranqueable por el Estado.

Contraria a esta postura desde diferentes ópticas políticas y sociales se ha sostenido la tesis contraria a la propuesta del señor ministro Zaldívar. Para los prohibicionistas es válido que la Ley General de Salud tutele las prohibiciones en aras de cuidar y vigilar la salud de las personas.

En todo este debate se ha pasado por alto que México tiene firmados, con bastantes países, decenas de tratados y convenciones que le vinculan en el tema de las drogas y que no puede haber una solución unilateral a la regulación, ni una de sus entidades, por prestigiosa que sea como lo es la Suprema Corte de Justicia, puede a golpes de sentencia derogar todo un entramado jurídico que deriva de los tratados y convenciones. En todo caso debe ser el Senado de la República quien debe intervenir por medio de la denuncia, la reforma o la derogación de las obligaciones internacionales que nuestro país ha contraído en relación al estatuto jurídico de las drogas.

Con relación a la postura del señor ministro Zaldívar, no la comparto. El libre desarrollo de la personalidad o los derechos de la intimidad que soportan el argumento nacieron de la discusión judicial de la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, en los casos célebres de Roe v. Wade, California, y Griswold v. Connecticut, entre otros, que no pueden servir de base a la justificación que en México se pretende dar a la permisión de la marihuana. Sería caer en la rendición a un supuesto realismo de que si no puedes contra las drogas, únete a ellas permitiéndolas judicialmente, así sea desde la puerta más modesta de la cannabis. En nuestro caso no ha existido la tradición de los “derechos de la penumbra” con arreglo a los cuales el juez y el peticionario pueden encontrar otros derechos adicionales a los expresos en el texto de la ley o de la Constitución.

Considero que la permisión de la marihuana con fines “lúdicos” o de “entretenimiento” vendría a ser el Caballo de Troya para crear un mercado gigante de las drogas en México, o por lo menos para formalizar dicho mercado y no era precisamente esa la idea de Milton Friedman cuando postuló la fórmula del mercado como el motor de solución del problema de las drogas en el mundo.

Me preocupa que, en una nación en la que conviven realidades tan polarizadas, la liberalización de la marihuana deje indefensos a millones de niños y jóvenes, que en el mar de pobreza e ignorancia se les deje a la deriva de las fuerzas del mercado de las drogas sin que exista un Estado que cuide de los intereses o que se erija en árbitro por lo menos del fenómeno de las drogas. Creo que mientras no haya una respuesta a este vacío en la política social, el Estado mexicano no puede rendirse a la tesis la permisibilidad por progresista que parezca, pero que choca con la lacerante inexistencia de las instituciones públicas que puedan aterrizar la política liberalizadora, sobre todo en materia de salud pública.

Sorprende que en este debate los líderes de los partidos nacionales y locales, así como las autoridades locales y nacionales guarden una ambigüedad y un silencio inaceptable ante un tema que exige una postura clara y contundente. Ni la izquierda ni la derecha han fijado una postura en torno al tema y los hombres que aspiran a gobernar el país parecen esperar a que la Corte lidere la discusión.

En el caso del PRI, Morena, y el PAN transfieren la carga de la responsabilidad de la decisión a la ciudadanía proponiendo una consulta popular. El PRD de forma simplista opta por una declaración en favor de la “legalización”.

No es menor el asunto que abordará la Corte. No es verdad que la decisión que tome se va a circunscribir a afectar a los quejosos que interpusieron la demanda de amparo que da origen al recurso de revisión 237/2014, ya que los efectos de la sentencia, dependiendo de las condiciones —Sala o Pleno— en que se dicte pueden inclusive asentar jurisprudencia o iniciarla.

 

Abogado

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