En las pasadas elecciones hasta un tercio de los votantes estuvo sometido a alguna oferta, promesa o amenaza para condicionar su voto. En esta ocasión, el contundente resultado final mostró el fracaso de estas acciones clientelistas, pero no debe minimizar la necesidad de combatirlas. La puerta sigue abierta.

En México, la “compra y coacción del voto” agrupa varias prácticas: Entrega de dinero u otros bienes como materiales de construcción o despensas. Ofertas de ingreso a un programa social gubernamental, o amenazas de quitarlo. Identificación de programas con candidatos o partidos. Todo ello a cambio del compromiso del voto. El lucro político con la pobreza es inmoral, ilegal y no debe permanecer impune, debe ser irrepetible.

En el informe del proyecto Democracia sin Pobreza, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza documenta los preparativos realizados muchos meses antes, en particular, desde el gobierno federal. Se puede consultar en www.democraciasinpobreza.mx

El informe, se presentó en la Comisión de Derechos Humanos del DF el lunes 27 de agosto. Participaron con comentarios muy valiosos Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE; Mariclaire Acosta, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción; Joel Salas, comisionado del Inai y Agustín Escobar Latapí, consejero del Coneval.

El informe documenta cómo se debilitaron instituciones. No hubo Fiscal General, ni Fiscal Anticorrupción y están parados los nombramientos de los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, responsable de las investigaciones y sanciones administrativas a casos de corrupción.

El Tribunal Electoral revocó cuatro acuerdos del Consejo General del INE que tenían como propósito generar “cancha pareja” y establecer criterios para evitar el uso partidista de los programas sociales y para tipificar acciones de violación de la neutralidad de los servidores públicos, como establece el art. 134 de la Constitución.

El estudio muestra cómo muchos nombramientos en puestos clave se aplicaron de “ida y vuelta. Operadores políticos en puestos de la Sedesol y altos funcionarios de esa dependencia convertidos en candidatos.

También se analizan variaciones inexplicables en el presupuesto. Por ejemplo, la partida “Suministros y materiales” se incrementó en casi 49 mil millones de pesos respecto al año anterior. Esa partida cubre gastos en alimentos (despensas), materiales de construcción, vestuario y papelería.

Se demuestran variaciones inexplicables en el gasto de programas como el Programa de Empleo Temporal, los Comedores Comunitarios y de Sedatu. Así como graves inconsistencias como datos “inflados” en los padrones de programas como Prospera y Pensión de Adultos Mayores.

La app #DemocraciaSinPobreza recibió 707 reportes ciudadanos durante el proceso electoral. 43% denuncian la entrega de dinero, 31% la entrega de cosas, principalmente despensas, 19% condicionamiento de programas sociales.

Al final, Frente a la Pobreza presentó varias propuestas. En la normatividad electoral, se requiere sanción electoral, como anulación de elecciones y revocación de candidaturas a quienes realicen operativos de compra y coacción del voto.

En el Sistema Nacional Anticorrupción se debe prevenir e inhabilitar de manera permanente a quienes condicionan o desvían programas sociales, así como fortalecer y “ciudadanizar” la contraloría social de los programas.

Y, sobre todo, urge un gran cambio en la política frente a la pobreza. Proponemos dos principios: 1. Nuevo modelo económico articulado con la política social. 2. Enfoque de derechos conforme al Art. 1º de la Constitución. Esto se desarrolla en otro estudio “Derechos Humanos y Pobreza“” presentado por Frente a la Pobreza en la CNDH la semana anterior. Lo cual será materia de futura colaboración.