La decisión de enfrentar el robo de combustible merece todo el apoyo. El gobierno debe actuar en todos los frentes para acabar con las condiciones que permiten esta forma de crimen organizado.

Después de la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, el presidente López Obrador anunció la aplicación de los nuevos programas sociales. Esto como una de las medidas —de carácter social— para hacer frente al huachicoleo.

La intuición es correcta, al menos en dos sentidos. Primero, porque una de las causas del crecimiento de este fenómeno, es la ausencia de Estado.

Y en segundo lugar, porque esta actividad económica tiene un componente de respaldo social. La pobreza no es la causa del huachicol.

Los grupos criminales generan fuentes de ingreso. Los pagos a “vigías”, transportistas, almacenistas, vendedores, guardias y otros participantes de esta actividad económica ilegal, como empleados, se convierten en fuentes de respaldo y atracción de sectores de la población.

Para evitar que la gente se sume a estas acciones, se requiere generar otras oportunidades de ingreso, suficiente y digno.

Los programas sociales parten del diagnóstico sobre la pobreza y las carencias sociales más básicas, por lo que difícilmente pueden competir con empleos “bien remunerados” provenientes del crimen organizado.

Los ingresos derivados de actividades ilegales como el huachicol son sustancialmente más altos, que los 3 mil 600 pesos que se otorgarán a jóvenes que entren a capacitarse en empresas y centros de trabajo. Y por supuesto, mucho más de los casi mil 300 que recibirán los mayores de 68 años o las personas con discapacidad.

Para confrontar el respaldo social al huachicol se necesita mucho mas que programas sociales: la generación de oportunidades de ingreso suficiente y la presencia del Estado. Dicho en síntesis y bajo riesgo de simplificar: Puede lograrse mucho más con una política de recuperación de los salarios y de crecimiento incluyente, así como con una policía de proximidad con inteligencia y capacidad operativa.

Cuidemos que los programas sociales cumplan con su objetivo. Y sobre todo evitemos criminalizar la pobreza.

Consultor internacional en programas sociales. @rghermosillo