18 / septiembre / 2021 | 04:43 hrs.

Consulta: Inútil y costosa

Gustavo Mendoza Ávila

El Presidente sabe que su consulta no sirve porque no tiene el propósito de castigar a los expresidentes —como se ha hecho creer— porque, si quisiera, cuenta con elementos suficientes para fincarle responsabilidades a más de uno. Su equipo ha querido aprovechar este inútil derroche presupuestal para medir el rechazo social a Morena, y reposicionarse en aquellas entidades donde Morena y sus satélites perdieron el pasado 6 de junio.

Es notorio que en esta iniciativa hay un fuerte tufo de resentimiento hacia los ex presidentes; y que por ello se les sometería a la explicación en aquello que López Obrador —nadie más— ha definido que se les debe acusar.

Esto es un distractor más para evadir problemas torales como la inseguridad, la pandemia, la situación económica o la corrupción, en la que recientemente se le ha vuelto a involucrar a él y a su familia; o bien en temas como la violación de derechos humanos en Cuba, donde su ceguera ideológica le impide ver cómo la dictadura cubana reprime y asesina a su población; o la confrontación en el interior de su partido entre candidatos y sus grupos por ser la “corcholata” que el “destapador” bendiga con su preferencia; o el caso de Aguililla, Michoacán, donde el narco gobierna y el presidente, a pesar de que el congreso emitió la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, prefiere que la población sufra a asumir su responsabilidad en el uso legítimo de la fuerza, que la propia ley establece.

Ante el temor de que no acudan los 37 millones de votantes para hacer vinculante el resultado de la consulta, y la imposibilidad de usar el manido recurso de “los otros datos”, Morena se ha dado a la tarea de obligar, sí, de obligar, a trabajadores de las entidades estatales y municipales que gobierna, a ser promotores del voto; a que cada uno consiga cuando menos 30 familiares o amigos que vayan a votar y funjan como observadores el 1 de agosto. El riesgo de no hacerlo es perder su empleo.

Los que acudan a votar resolverán con un sí o un no la pregunta: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Como se aprecia, la pregunta es insustancial. Más valdría preguntar si los mexicanos están de acuerdo con que se meta a la cárcel al “doctor muerte”, Hugo López Gatell, y a quienes aprobaron la criminal estrategia de combate al coronavirus; o a quienes dejaron sin medicamento a los niños y adultos que tienen cáncer; o a quienes autorizaron que se deje sin atención a los enfermos crónicos que requieren de tratamiento para paliar los efectos de su enfermedad; o a quienes apoyaron con sus siglas a los miembros de la delincuencia organizada para obtener cargos de elección popular; o a quienes votaron porque 500 millones de pesos se destinen a una consulta inútil cuando hay cientos de miles de familia que perdieron sus ingresos; o a quienes pretenden quitar del presupuesto de 2022 recursos para atender enfermedades infantiles; o a quienes incurrieron en corrupción criminal en el caso de la línea 12 del Metro; o…

Después de este ejercicio de manipulación que nada aporta a la democracia ¿qué sigue?, ¿en qué otro capricho dilapidarán el presupuesto aquellos que se dan golpe de pecho con la “austeridad republicana”?  

Periodista y maestro en seguridad nacional

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