La iniciativa de ley que reforma la Ley de Los Trabajadores al Servicios de los Poderes del Estado y municipios, promovida por el Ejecutivo, relativa a de jubilaciones y pensiones, surge como respuesta a los abusos cometidos en pasadas administraciones. Pero no resuelve el problema de fondo.

La ley en sí no tiene mayores beneficios que otras legislaciones similares; por ejemplo, la jubilación de los trabajadores se genera a los 30 años de servicio, pero la conquista sindical reduce dos años, así que garantizando el principio constitucional de igualdad, todo servidor público se acoge a esa conquista extralegal.

El problema tiene varias aristas: una son los abusos en que han incurrido funcionarios del momento, quienes sin escrúpulo otorgaron constancias de antigüedad a “diestra y siniestra” para alcanzar la tan anhelada antigüedad; otros “dobletearon” tiempos, aquellos que trabajaban en la mañana en una dependencia y por la tarde en otra; o los incrementos salariales desorbitados para alcanzar buena cantidad en la jubilación o pensión, según sea el caso. Las arbitrariedades se dieron al por mayor a costa del erario.

Los abusos llegaron a tal grado que, si le “hurgan” un poco, habría quien, según su constancia de antigüedad, inició a trabajar cuando tenía 14 años, lo que no suele suceder legal y laboralmente en el estado. O a la secretaria hacerla jefa del departamento con mayor salario para jubilarse bien. ¿Recuerdan en qué sexenio empezaron con los altos salarios para igualarlos a los de cualquier empresa exitosa? Bueno, desde ese entonces empezaron los abusos hasta llegar a los extremos que ponen en riesgo las finanzas por el abultado monto de pensiones y jubilaciones —por los exorbitantes salarios de algunos.

La iniciativa pretende erradicar esos abusos al ampliar los años para alcanzar la jubilación o pensión, aunque habría que hacerle algunos ajustes, lo que seguramente ocurrirá en la Comisión de Trabajo, en la legislatura. Incrementar hasta los 60 años el derecho a la pensión parece justo, máxime ahora que el periodo de vida de los queretanos ronda más de 80 años. Que por 30 años de trabajo se alcance la jubilación también parece justo, aunque no se lleguen a los 60 años de vida. Que el monto de la jubilación tenga un tope, tipo IMSS, también es bueno y evitar que no llegue a los 50 mil pesos. Incluso evitar la doble jubilación, como ha sucedido en la UAQ y en gobierno.

Pero, ¿cómo garantizar que no se vuelvan a expedir constancias falsas? El Ejecutivo propone que haya un organismo rector para ello, que sea el mismo Poder Ejecutivo. Aquí es donde ya no “cuadra” la normatividad sin que se lesione a los otros Poderes y la autonomía de los municipios. Esta es una cuestión administrativa que deberá ser de tal confianza que no arroje duda en las constancias que emitan, sin llegar a los abusos de que pueda dar o negarla a su libre arbitrio.

Y es que en las dependencias de los gobiernos no tienen la información administrativa, bien porque la perdieron, bien porque la destruyeron o, incluso por capricho se niegan a expedirla. Y obligan al trabajador a demandar la antigüedad ante el Tribunal local, en el que muchas veces se presentaron falsos testigos ante la falta de documentos oficiales. Estas son algunas de las dificultades que han bordado los asuntos de jubilaciones y pensiones, de ahí que los asesores de Domínguez hayan puesto atención en este asunto. Hoy en día algunos jubilados son jóvenes y ya gozan del beneficio, quienes seguramente podrán vivir otro tanto más de su vida sin problema alguno y ese no es el fin último del “jubileo”.

Ahora que los miles de burócratas que hoy laboran en los tres Poderes y los 18 municipios, así como en los entes autónomos, conservarán el beneficio de la ley vigente, los beneficios que hoy se otorgan son de manera extralegal por el convenio sindical y podrán jubilarse o pensionarse con la norma vigente; y todos aquellos que se incorporen a las actividades salariales, después de que entre en vigor la nueva legislación, quedarán subordinados a la norma que se apruebe. El principio de la no aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna se hace presente, así que no deberán preocuparse. Claro, siempre y cuando, de “mala fe”, no sean despedidos para que pierdan sus derechos laborales, lo cual sucede muy seguido y los ejemplos están a la vista.

La pretensión del gobernador es buena: busca evitar abusos. Ahora que también se hace necesario crear un fideicomiso que permita amortiguar la carga de jubilados y pensionados, como aquel que “disolvió” el gobierno de Ignacio Loyola, cuando cada empleado de los tres Poderes tenía su propia cuenta en la fiduciaria y le generaba “dividendos” económicos. ¡Ah! Pero al ser disuelto el fideicomiso Ibarrola el dinero se esfumó y sólo unas migajas alcanzaron algunos empleados en activo. ¿El resto del dinero? Nunca se rindió cuentas de ello. En fin, que el gobernador pretende terminar con los abusos y conflictos de las jubilaciones y pensiones, cambiar de régimen y probablemente el Contrato Colectivo de Trabajo, como lo hicieran en Pemex.

Analista legislativo. @HectorParraRgz