Mediante decreto se estableció un recorte parejo del 75% del presupuesto de las partidas de materiales y suministros y servicios generales para toda la administración pública federal. Y lo primero que llama la atención es que se trata de un recorte indiscriminado, con machete. Por ejemplo: unas dependencias no tendrán una mutilación de 70% y otras de 76. No, todas igual. Es decir, no se realizó (ni se intentó hacerlo) un análisis pormenorizado de las tareas encomendadas y los recursos necesarios para cumplirlas, sino que se decretó el recorte a ciegas. Una amputación inclemente “buena” para lo que funciona y lo que no.
No existe ni respeto ni conocimiento de la labor que realizan esas instituciones. De esa manera desde las secretarías de Estado hasta múltiples centros educativos y de investigación (adscritos al Conacyt), han sido afectados. Al parecer, se piensa que no es necesario un análisis pormenorizado, preciso, escrupuloso de la situación de cada dependencia. Hay un desprecio que se irradia desde la propia Presidencia hacia un conglomerado de organismos estatales que son fruto de largos años de trabajo y dedicación y que cumplen tareas fundamentales. Por supuesto que en muchos de ellos existen taras, problemas, disfunciones y quizá fenómenos de corrupción, pero de lo que se está prescindiendo es de un análisis riguroso para combatir esas lacras, para substituirlo por un prejuicio que acabará devastando mucho de lo construido. (Y algo similar está aconteciendo con la pretensión de acabar con muy distintos fideicomisos. Se les coloca a todos en una misma canasta —desde aquel destinado a atender desastres naturales hasta el de fomento a la producción cinematográfica—, se omite cualquier evaluación, y se decreta su muerte, a pesar de que algunos les permiten a las dependencias hacerse de recursos propios, no fiscales. Las consecuencias luego alguien se encargará de medirlas. Un método bárbaro fruto del capricho).
Bajo el argumento de la austeridad, se llama además a que de forma voluntaria los altos funcionarios públicos acepten un descuento en sus percepciones y se les avisa que no tendrán aguinaldo ni ninguna otra prestación. ¿Sabemos o saben siquiera quienes tomaron esta decisión qué tareas dejarán de cumplirse? ¿Cuántos programes quedarán congelados? ¿Qué investigaciones permanecerán inconclusas? ¿Qué compromisos con proveedores se incumplirán? ¿Cuántas y cuáles empresas serán indirectamente afectadas? ¿Qué efecto tendrá sobre la marcha de la economía?
No es casual que, por ejemplo, en las secretarías de Estado, solo se escuchen rechinidos de dientes y sotto voce un malestar frío e inquieto. La estructura jerárquica del Poder Ejecutivo está construida de esa manera y donde manda capitán no gobierna marinero. Y tampoco es casual que sea desde algunos centros de investigación —con mayores márgenes de autonomía— donde se están alzando voces de alerta y preocupación.
No sería extraño que las partidas 2000 y 3000 (materiales y suministros y servicios generales) reducidas en 75% a estas alturas (el decreto es del 23 de abril) ya hayan rebasado el 25% presupuestado, lo cual llevaría a una especie de punto muerto en las labores sustantivas que cada dependencia debe realizar. De tal suerte que tendrán dificultades serias para pagar predial, agua, luz, arrendamientos, papel, vigilancia, acceso a Internet, servicios postales, etc. Y en los Centros de Investigación es muy probable que tengan que congelarse publicaciones, eventos académicos e incluso suspender becas para los estudiantes. Un escenario en el que esa constelación de instituciones acabará realizando menos tareas de las que tiene asignadas y atrofiando muchas de las destrezas instaladas ya probadas.
¿Al final de la presente administración alguien puede imaginar que será del Estado y sus instituciones? Porque la erosión de la infraestructura material y de las capacidades humanas no podrá restablecerse de la noche a la mañana, dejando un legado de destrucción institucional que el país no merece.
