Hombres y mujeres de todas las edades decidieron salir a la calle en más de 50 ciudades y poblaciones de Cuba y ponerle voz a más de medio siglo de privaciones y dominio de la misma camarilla dictatorial que convirtió la utopía justiciera y libertaria de 1959 en la pesadilla de una sociedad sumida en el racionamiento, la escasez de alimentos, los apagones eléctricos y el desempleo, con el gobierno como dueño absoluto de la economía y del trabajo, insistente en parecer poseedor de la “verdad”, de la historia y del destino personal de cada cubano.

Hoy, sin señales claras de que el gobierno de Cuba y su presidente están entendiendo que su ciclo concluyó, está por verse de qué manera el ejército cubano —último reducto del grupo en el poder— procesa la dimensión del estallido social para darle o no la espalda al régimen, como sucedió a Evo Morales en Bolivia.

También está por verse la respuesta y actitud del gobierno mexicano ante lo que parece la crisis terminal de la era Castro en Cuba. Si la 4T suele eludir resolver los problemas del presente y prefiere ver hacia el pasado, nada indica que se estén midiendo las consecuencias de un estallido social en la patria de Martí, menos ante posibles situaciones como una repentina ola migratoria masiva de cubanos —hasta 100 mil— hacia el sur de nuestro país.

Con una visión menos retórica y anclada en el pasado y con una diplomacia más activa y propia del presente siglo, sigo creyendo que México podría ayudar a una transición pacífica y apoyar con otras participaciones internacionales urgentes —como la de España y Francia— una salida no violenta de la crisis.

La falta de medicinas para contener la nueva ola de contagios por el Covid —mejor atendido en República Dominicana e incluso en Jamaica— es apenas el disparador que hace evidente el fondo de la crisis cubana. Ese fondo es el extendido y profundo hartazgo social ante el fracaso del insostenible “modelo cubano”, dependiente largo tiempo de la desaparecida Unión Soviética y luego de Venezuela.

La dinastía política cubana construyó un régimen de dueño absoluto de los bienes de producción de la isla, de la salud y la educación de los cubanos, del comercio y la propiedad inmobiliaria.

Un médico especialista en Cuba gana 32 dólares al mes. No le va mejor a un ingeniero, arquitecto o abogado. Ninguno es dueño de su tiempo y de su trabajo. En la práctica es una esclavitud que tiene cancelada cualquier mejoría, pues todo les ha sido requisado por el Estado, que los lanza al riesgoso mercado negro de mercancías, ya que no tienen acceso ni a lo básico. Hasta los taxis son propiedad del Estado, con choferes que deben pagar alrededor de 200 dólares al mes y asumir costos de mantenimiento y reparaciones.

Los cubanos perdieron el derecho a trabajar, al adueñarse el gobierno de la administración de todas las fuentes de empleo y alquilar incluso, como patrón, los servicios que sus profesionistas presten a terceros. Si un profesionista cubano viaja al extranjero como asesor de algún proyecto, es el gobierno quien cobra por los servicios que realice.

En síntesis, se ignora cuál es el saldo de víctimas que puede dejar la versión cubana del “servicio de limpieza ideológica” practicado en países del este de Europa avasallados por la extinta Unión Soviética. He conocido víctimas del régimen cubano que escaparon de la isla en llantas o precarias balsas improvisadas. Sigo sin ver —aun en la izquierda mexicana más “convencida” y vociferante— personas ansiosas por migrar a Cuba. Las protestas masivas reafirman que no hay mal que dure cien años. Si este es el modelo político social que busca la 4T, desde ahora anticipemos su fracaso.

Notario y exprocurador de la República.

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