La compra de 13 plantas, casi todas de ciclo combinado (a gas y vapor) a la española Iberdrola, tiene matices de epopeya y tragedia nacional, según quién la juzgue.
Para el lopezobradorismo es toda una hazaña —“una nueva nacionalización”—, digna de un “héroe” como AMLO, haberle quitado a Iberdrola el 80% de su capacidad de generación de electricidad en México con la compra de 13 de sus 28 plantas en el país; y que el gobierno recuperara su papel preponderante en el sector: paso de 39% a 55% de la producción.
Simbólicamente, AMLO vence ideológicamente al neoliberalismo al aumentar el control gubernamental de este sector; al vencer a Iberdrola, a la que acusó de: corrupta; financiar campañas contra su reforma eléctrica; saquear al país; ver a México como tierra de conquista; imponer contratos leoninos; venderle a CFE energía cara, y de no pagar multas.
Los desencuentros entre el gobierno y la empresa española, a lo largo de cuatro años, derivaron en la cancelación de la inversión por 5 mil millones de dólares anunciada al inicio del sexenio, y la interposición de dos arbitrajes internacionales; y, por parte del gobierno: parar —por diversos motivos— la operación de tres de sus plantas; una de ellas multada por más de 9 mil millones de pesos por vender energía a empresas socias, sin permiso.
Hay quien cree que el motivo real del resentimiento presidencial hacia Iberdrola fue que ésta contrató al “causante de todos los males del país”, Felipe Calderón, al término de su sexenio.
Para sus críticos la compra es una tragedia porque: no le agrega un vatio adicional a lo que se produce en el país; algunas de las plantas tienen alrededor de 20 años de servicio, requieren mayor mantenimiento y no tardará mucho su obsolescencia; salvo la planta eólica adquirida, las demás contaminan; y, México no genera la energía que demandan las empresas norteamericanas que salen de China (nearshoring) como parte del conflicto entre las superpotencias.
Les preocupa que lejos de invertir esos recursos en la construcción de nuevas plantas para incrementar la producción, apoyándose en las empresas privadas existentes —y con ampliar las ganancias—, este gobierno optó por el modelo estatizador, por lo que a final de cuentas el error lo terminarán pagando los consumidores.
Contrario al dicho del presidente en el sentido de que esta compra garantiza que no subirán los precios de la electricidad en lo que resta del sexenio, sus críticos afirman que esto es insostenible porque el costo de la energía varía según el precio del gas.
También cuestionan bajo qué esquema operarán las plantas, ya que estas fueron adquiridas por un fideicomiso, no por el gobierno o por la CFE: ¿venderá energía a CFE; rentará las plantas; transferirá la propiedad…?; y si a diferencia de los mil 300 colaboradores que operan el consorcio Iberdrola en México (incluidas las 28 plantas), la CFE no las burocratizará.
El mensaje de Iberdrola es claro: invertirá los 6 mil millones de dólares en Estados Unidos porque allá sí hay garantías jurídicas, y en México, no; y mientras esté este gobierno, y Manuel Bartlett al frente de la CFE, menos.
Mientras para algunos empresarios regiomontanos es preocupante el paralelismo con el proceso estatista de Hugo Chávez que pasó de criticar y hostigar a las empresas, a comprarlas, para otros es estas empresas pasarán a formar parte de la burocracia, ineficiencia y corrupción imperante en el gobierno ¿ganamos o perdimos?
Periodista y maestro
en seguridad nacional
