La crisis política que hoy vivimos sobrevino como resultado de un conjunto de prácticas de incompetencia, violencia e impunidad, favorecidas históricamente por las élites de los partidos políticos y funcionarios de la administración pública, relacionadas con la malversación de fondos y en colaboración con empresarios de “cuello blanco” y organizaciones vinculadas a la delincuencia organizada. En este marco, el combate a la corrupción constituyó uno de los ejes centrales de la plataforma de campaña de Andrés Manuel López Obrador y, desde diciembre de 2018 que asumió el cargo, continúa siendo uno de los objetivos prioritarios de su gobierno.

Durante el primer año de su gestión fueron incorporadas dos reformas constitucionales contra la corrupción. La reforma al artículo 19, cuyo contenido incluye el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa cometidos por “hechos de corrupción”. Y, las modificaciones a los artículos 22 y 73 constitucionales a los que se adicionaron los delitos por “hechos de corrupción” a la Ley de Extinción de Dominio. En ambas reformas se plantea que los servidores públicos implicados en actos de corrupción deberán enfrentar su proceso en prisión preventiva y el Estado estará facultado para decomisar los bienes a funcionarios corruptos, sus cónyuges y dependientes económicos, a menos que acrediten su procedencia.

Sin embargo, en los hechos, los datos presentados en la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), elaborada por el INEGI, que incluye datos sobre la percepción de la corrupción, la desconfianza en el gobierno y el costo de los sobornos durante 2019, muestran que el porcentaje de personas víctimas de actos de corrupción al realizar un trámite aumentó 7.5%, pasando de 14.6% en 2017 a 15.7% en 2019. El monto nominal del soborno promedio se incrementó de 2,273 pesos en 2017 a 3,822 pesos en 2019. En México, la “pequeña corrupción” goza del 99% de impunidad de los casos.

La percepción de confianza hacia instancias públicas como el ejército y la marina pasó de 62% a 74% entre 2017 y 2019. La guardia nacional goza de menor confianza que las fuerzas armadas (63%). Es importante destacar que la recolección de información de la ENCIG, fue tomada de enero a diciembre de 2019, por lo que no incorpora la percepción de las personas en el periodo de la pandemia.

La descomposición de las autoridades fraguada durante varios sexenios en México, resultado de actos de corrupción e impunidad aumentó gravemente los niveles de violencia criminal, desigualdad e injusticia. Mantener en este momento un impasse sobre los procesos legales en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de la exsecretaria Rosario Robles, por la “Estafa Maestra” y de las acusaciones que las autoridades judiciales estadounidenses presentaron en contra del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, cuestiona y debilita la credibilidad del actual gobierno.

Google News