En su más reciente informe, la Auditoría Superior de la Federación reveló lo que para millones de mexicanos es un secreto a voces: el desmedido abuso de los recursos públicos por parte de funcionarios de la administración pasada que fueron desde la aplicación ineficiente e irresponsable del presupuesto, hasta posibles actos de corrupción, pasando por los subejercicios que también son o deben ser castigados por la autoridad.

La semana pasada el auditor Juan Manuel Portal dio a conocer el resultado del Informe de Revisión de la Cuenta Pública 2011 por parte del organismo fiscalizador a su cargo, mismo que puso en evidencia que en el gobierno de Felipe Calderón se cometieron abusos con los dineros del erario.

En el informe se ponen en evidencia los malos manejos durante el año 2011 y se revela que se han interpuesto más de 134 denuncias penales en contra funcionarios de diversas dependencias e instituciones del gobierno federal, así como de varios gobiernos estatales que no tuvieron control sobre el uso de recursos públicos porque las cuentas, lisa y llanamente, no les cuadraron.

Lo que más atrajo la atención mediática del informe dado a conocer por el auditor Superior de la Federación fue el caso de la Estela de Luz, monumento que acabó siendo el colmo del descaro y el impune desvío de dineros públicos en una obra que se realizó con motivo del centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia de México y que, por si faltara más, fue entregada a destiempo, casi un año y tres meses después de lo proyectado.

Por ello, desde que asumió el cargo, el presidente Enrique Peña Nieto ha iniciado la ejecución de políticas modernizadoras de fiscalización y rendición de cuentas, una de las principales demandas de la sociedad mexicana fue la de combatir la corrupción.

Con la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, se abre paso una manera de plantear un nuevo paradigma que marque una pauta histórica contra esa nociva práctica, que ha llevado al país a ser esquilmado un sexenio sí y otro también, sin importar si los gobernantes fueran federales, estatales o municipales.

La Comisión tiene como propósito acreditar la voluntad política del gobierno de la República para trabajar en establecer mecanismos y tener órganos de control que, con mayor eficacia, aseguren el combate a la corrupción y la rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno.

Se trata de que dicho organismo sea el encargado de velar porque los actos de corrupción que se presenten en cualquier orden de gobierno puedan ser sancionados y vigilados desde esa instancia, dotada de plena autonomía, pero que contará con la participación activa y decidida ciudadana.

La rendición de cuentas tiene que ser una obligación sin excepciones, un proceso cotidiano e institucionalizado en toda la administración y para todo servidor público, incluido el propio presidente en turno.

Peña Nieto, en congruencia con su convicción democrática de conducirse con absoluta transparencia en el ejercicio de la elevada responsabilidad, se ha comprometido a establecer un gobierno transparente que rinda cuentas ante la ciudadanía.

El Informe de Revisión de la Cuenta Pública 2011 de la Auditoría Superior de la Federación ha dejado indignados a millones de mexicanos al poner en evidencia las malas prácticas administrativas. Aún habrá que ver los resultados que arrojará la de 2012, que fue el último año de la administración de Felipe Calderón.

Notario público y ex presidente municipal de Querétaro