Ciudades incluyentes | Querétaro

Ciudades incluyentes

Norberto Alvarado Alegría

Ciudad, espacio público y ciudadanía son tres conceptos casi redundantes, pues la ciudad es ante todo un espacio público, donde se ejercen los derechos públicos de la ciudadanía; un espacio abierto y significante, habitado por ciudadanos libres e iguales. Por ello, vale la pena puntualizar que la ciudad es una realidad histórica, geográfica, social, cultural y política; una concentración humana diversa, dotada de identidad o de pautas comunes y con vocación de autogobierno, pero también es el espacio material e ideológico donde las libertades se ejercen y los derechos se exigen. En pocas palabras, una aventura de libertad.

En el contexto internacional, documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes (2004); la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad (2004); y la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (2010), son instrumentos de referencia del derecho a la ciudad, como un derecho humano de tipo social, emergente y justiciable. Son instrumentos que si bien no tienen fuerza vinculante internacional, sí recogen los avances y discusiones del Foro Social Mundial organizado por ONU Hábitat, así como otros esfuerzos globales por impulsar este derecho en el ordenamiento jurídico internacional.

Los derechos humanos emergentes son aquellos nuevos derechos subjetivos que surgen de la evolución de nuestras sociedades, dando respuesta a situaciones que habrían sido inimaginables, y a derechos que se les da un nuevo impulso, ampliando su alcance o extendiéndolos a colectivos que anteriormente no habían sido contemplados.

La Constitución brasileña de 1988 y la colombiana de 1991 fueron las primeras en Latinoamérica que otorgaron la categoría de derechos fundamentales a los derechos urbanos y de gestión democrática del espacio público. Esto ha coincidido también con la aparición de una jurisprudencia en materia de acceso a la vivienda como un derecho fundamental en estos países, donde se ha revalorizado la idea del derecho a la vivienda y se ha logrado su reconocimiento y protección ante los tribunales constitucionales. La Corte colombiana ha reiterado la tutela del derecho a la vivienda digna, primordialmente a través de la conexidad con derechos fundamentales como la vida, la dignidad humana y la salud.

La acción pública de las ciudades europeas y norteamericanas se ha encaminado hacia la reivindicación del papel de la ciudad, en particular de su gobierno y de sus tribunales como administraciones protectoras de derechos fundamentales, en contraposición a la acción y responsabilidad exclusiva de los Estados nacionales o de las administraciones centrales. Resulta necesario distinguir la idea de derechos humanos en la ciudad, del concepto de derecho a la ciudad, que puede resultar difícil de definir por su falta de concreción y abstracción. Urbanísticamente, la ciudad puede ser el espacio o territorio donde se asienta una población, que se articula con ciertos servicios públicos que satisfacen objetiva y universalmente necesidades básicas, tales como el suministro de energía eléctrica, agua potable, drenaje, vialidades, plazas, mercados, cementerios, asistencia sanitaria, educación y transporte colectivo. Permiten la sobrevivencia y la movilidad social, gobernada por una administración idealmente democrática, entendiendo a la democracia como Bobbio: forma de gobierno con un conjunto de reglas primarias o fundamentales, que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos.

En este caso, resulta más útil entender a la ciudad como espacio colectivo, como lugar adecuado para el desarrollo político, económico, social y cultural de la población; es decir, la ciudad entendida no sólo como urbs, sino también como civitas y como polis. La ciudad referida en el derecho a la ciudad tiene más que ver con la acción de las autoridades locales que la rigen, que con el espacio o territorio urbano en sí. Es por ello que la definición de ciudad glocal resulta muy útil, ya que la reivindicación del derecho a la ciudad exige un espacio, pero sobre todo exige políticas concretas de promoción, respeto y garantía a los derechos fundamentales. Cuando se reivindica el derecho a la ciudad, también se reivindica el espacio público colectivo donde se respetan los derechos humanos.

El derecho a la ciudad enmarca la reivindicación de la garantía y protección de los derechos humanos en la ciudad. Reivindica el papel de las autoridades locales como garantes de estos derechos, consignados constitucional y convencionalmente. Este papel que encuentra un nuevo contexto para las autoridades mexicanas con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, se enfoca más en la planificación e implementación de políticas públicas de prevención de vulneraciones, que en acciones sancionadoras o reparadoras. Así, el concepto de derecho a la ciudad es altamente ideológico, como otros conceptos constitucionales. Engloba derechos constitucionales y convencionales que sólo podemos ejercer en y a través de la ciudad; por ello resulta importante el foro Ciudades Incluyentes de la OCDE, que se realizará esta semana en París, Francia.

Abogado y profesor en la Facultad de Derecho de la UAQ

Comentarios