Durante los últimos años se han visibilizado con mayor frecuencia casos de delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Estos casos no sólo son trágicos sino sumamente indignantes: las niñas, niños y adolescentes son el grupo de población que debemos proteger con mayor cuidado, pues es en esta etapa cuando todas las personas se encuentran en desarrollo físico, sicológico y emocional, y las vivencias traumáticas los pueden marcar durante toda la vida.

Por la naturaleza de estos delitos los casos ocurren frecuentemente en el ámbito más íntimo y privado de las personas y, desafortunadamente, cometidos por personas cercanas a las víctimas. Estas condiciones hacen difícil su investigación: primero porque al ocurrir en el ámbito privado es imposible que la autoridad, la familia o alguien más se entere, si no es por que la víctima lo revele. Por otra parte, el delito produce secuelas sicológicas que hacen muy poco probable que la víctima denuncie el delito.

Diversos estudios científicos reflejan que, entre otras, algunas barreras sicológicas para denunciar son: las amenazas hechas por el perpetrador, el miedo a decepcionar a los padres, el miedo a una reacción negativa o rechazo, la vergüenza y el temor a no ser creído. La poca evidencia estadística disponible en todo el mundo demuestra que un gran número de víctimas tarda mucho tiempo en comentar el hecho con alguien cercano y, en muchos casos —entre el 20 y el 47%— nunca comentan el asunto o lo hacen hasta que alguien más investiga.

De acuerdo con el Inegi, el delito de violación alcanza a mil 764  niños y adolescentes por cada 100 mil menores, mientras que los tocamientos ofensivos y manoseos llegan a 5 mil 089 casos por cada 100 mil menores y adolescentes cada año. Son cifras aterradoras, si consideramos que detrás de cada uno de estos casos hay una vida que nunca volverá a ser igual.

Se han presentado casos en los cuales la víctima, después de muchos años, intenta recurrir a la justicia y denuncia a sus agresores. Sin embargo, estas denuncias son desechadas porque el tiempo para ejercer la acción penal ha prescrito. Esto, además de ser revictimizante, excluye un dato fundamental: las personas que sufren estos delitos no dejan de denunciar por su voluntad, sino por las propias secuelas sicológicas que les provoca el delito sufrido.

Sin lugar a dudas es urgente humanizar la justicia en México y, para ello, no sólo se necesita sensibilizar a los operadores del sistema de justicia, sino también se deben hacer más sensibles los criterios que establecen las leyes.

Por ello, y para garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, en próximos días discutiremos en la Comisión de Justicia la minuta que propone hacer imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Con esta medida buscaremos que todas las víctimas puedan denunciar, si así lo desean, en cualquier momento, y que a partir de ahí pueda comenzar a correr el plazo que tiene la autoridad para investigar, perseguir y sancionar el delito. Así, los plazos no se convertirán en un pretexto para la impunidad, pues el mero transcurso del tiempo no debe dar lugar a la injusticia; hay cicatrices que nunca desaparecen.